La futura norma del Ministerio de Derechos Sociales prevé vetar la venta de mascotas en tiendas, elimina el listado de canes potencialmente peligrosos y establece un registro de personas inhabilitadas para tener animales de compañía.

En la actualidad, un animal de compañía abandonado va a vivir o morir dependiendo de la comunidad autónoma en la que esté. En Madrid o Cataluña, por ejemplo, va a salvarse, pero en Andalucía puede ser sacrificado.

El anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales quiere cambiar esto y crea un marco común que ponga fin a las disparidades que propicia la existencia de 17 leyes autonómicas diferentes y a los comportamientos que dañan a los animales de compañía.

La norma se dirige a las mascotas y deja fuera a las especies de producción de alimentos u otros ejemplares de origen animal —aunque se tenga solo uno—, a la ganadería y la tauromaquia.

Entre las medidas más aplaudidas, se encuentra la prohibición de sacrificar a los animales a no ser por una causa justificada; el veto al uso de fauna salvaje en los circos; la creación de un registro de personas inhabilitadas para su tenencia, o el fin de la venta de mascotas en tienda. Otros puntos del texto generan más polémica, como la obligación de esterilizar a las mascotas si conviven varios ejemplares de distinto sexo que se puedan reproducir.

El objetivo de la ley es alcanzar el sacrificio cero, un escenario imposible si existe abandono —una estimación de la federación de asociaciones protectoras FAPAM calcula que se abandonan al año unos 300,000 perros y gatos—, lo que propicia eutanasias sin estar justificadas a los 20 o 25 días de que los ejemplares lleguen a la perrera si nadie los adopta.

En España hay más de 13 millones de animales de compañía registrados e identificados, a los que hay que sumar otros 6.5 millones que no están controlados de forma oficial, indica el texto elaborado por la Dirección General de Derechos de los Animales, que depende del Ministerio de Servicios Sociales. Se espera que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2023. En la siguiente edición, eutanasia, venta de animales, e inhabilitación de tutores.

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