El Perú vive una gravísima crisis económica que ha consumido gran parte de nuestras reservas. Teniendo como referencia al PBI, se proyecta acabar el año con una caída de 12%, la deuda pública se incrementó en 6.5% respecto al tercer trimestre de 2019 y el déficit fiscal es 10.7%. Si sumamos los millones de nuevos desempleados y el incremento de 7% de la pobreza, el futuro resulta muy incierto para los peruanos.

La Sociedad Nacional de Industrias tomó la iniciativa de realizar el Encuentro Nacional “PERÚ AGENDA AL 2031”, para reencontrar el camino del desarrollo social y económico, buscar la ruta de un progreso sostenible y proponer a la nación una serie de políticas públicas, para que nuestras ventajas comparativas sean complementadas con la competitividad que se requiere en los mercados globales. Para ello, se ubicaron 9 sectores clave para el país, se convocaron a líderes de cada uno de ellos y se llevaron a cabo reuniones virtuales con representantes del norte, centro, oriente y sur del territorio. El evento principal se llevó a cabo el pasado sábado 14.

Uno de los sectores, multiplicador del empleo descentralizado, generador de riqueza y contribuidor a la seguridad alimentaria, es la pesca y acuicultura para consumo humano. La SNI superó el diagnóstico y la queja para realizar propuestas concretas, como pedir un enfoque promotor del Estado, en lugar del excesivamente fiscalizador que tiene ahora, a la par de una real simplificación administrativa, coordinación entre autoridades nacionales y regionales y cumplimiento de plazos burocráticos. Por otra parte, un censo y la formalización de la flota artesanal son impostergables y deben llevar al Estado hacia los pescadores y no pretender lo contrario. Esto facilitará la capacitación y paquetes crediticios específicos para este grupo productivo y asignación de derechos de propiedad en pesquerías locales.

Para obtener la seguridad alimentaria saludable, debería promoverse la producción y el consumo masivo de productos hidrobiológicos como Política de Estado, que incluya la construcción de muelles y cadena de frío que aseguren abastecimiento a la industria conservera y de congelado; compras estatales que no discriminen a los productores peruanos; iguales incentivos para exportaciones y mercado interno; incorporar valor agregado y diversificación de la oferta. Todo esto deberá ser apoyado por un SANIPES acompañando al sector en la conquista de nuevos mercados y, a la vez, evitando sobretiempos y sobrecostos.

El Estado deberá contribuir a la certificación de las pesquerías que han comenzado los pescadores e industriales, vital en el comercio internacional. En otro ángulo, se deberá desterrar la proliferación de plantas pesqueras ilegales y de embarcaciones extranjeras que invaden nuestro mar, depredando nuestra pota y otros recursos, lo que ha sido denunciado con pruebas. Construir a un sistema de I+D+I que reúna a la academia, el estado y la empresa y relanzar el CITE Pesquero.

La acuicultura es estelar de esta agenda, tanto a nivel artesanal y como complemento de la agricultura, como la que podría desarrollarse a gran escala. Para ello requiere seguridad jurídica, tecnología para producción de semillas y cultivos, así como formalización.

Podríamos continuar con las propuestas. Todas son viables y es factible construir sus bases de inmediato. El desafío es llegar al año 2031 con un sector pesquero y acuícola que dé 3 millones de empleos, 10 mil millones de dólares en exportaciones y sea el pilar para desterrar la desnutrición infantil y el hambre en el Perú y en gran parte del mundo. Capacidad en mano de obra tenemos de sobra, esperemos que también la haya en nuestros gobernantes.