Perú Libre pone la carreta delante de los bueyes

Perú Libre pone la carreta delante de los bueyes

En nuestra columna del 23 de octubre de 2021, bajo el título “¿Hasta cuándo a la deriva?”, reseñábamos que el sector pesquero carecía de lineamientos, objetivos prioritarios, estándares nacionales de cumplimiento, etc. A tal extremo que en el inventario de políticas públicas del CEPLAN, no se registra ninguna para la pesca y que en la recientemente promulgada Política General de Gobierno (2021- 2026), esta actividad no está considerada en los ejes de intervención. El Estado la desconoce mayormente.

A pesar de no contar con ninguno de los elementos señalados, la bancada de Perú Libre ha presentado en el Congreso un Proyecto de Ley General de Pesca, el cual pretenden debatir durante 8 sesiones, en unas denominadas “mesas técnicas” que comenzaron este 4 de enero y concluyen el 28 del mismo mes. Éstas deniegan el acceso al sector privado y a un gran número de organizaciones sociales. Quieren correr y aprobar todo al caballazo.

El Coordinador General Nacional de la FIUPAP que agrupa a los pescadores artesanales, José Cachique, señaló en la primera reunión, que antes de enfrascarse en el análisis de este proyecto debería restituirse el Ministerio de Pesquería, como se ha venido reclamando a nivel nacional. “Mal puede darse una ley sin tener definida la cartera que la va a aplicar”, sentenció.

Por lo demás, el proyecto deja mucho que desear en su contenido. Copia conceptos contraindicados; se refiere vagamente a la acuicultura que tiene una ley independiente; incluye una insólita exigencia de tallas máximas de captura y más que promover, persigue. Repite numerosos tópicos ya superados sobre la pesca artesanal, pero no se detiene en su indispensable formalización, tanto en el ámbito de las embarcaciones, como en el crediticio y de seguridad social.

Por otra parte, enuncia un relanzamiento del ITP, pero lo excluye en el capítulo de investigación y no lo separa de los CITEs; soslaya a los procesadores del plan de compras del Estado; abre las puertas para la extracción industrial en la Amazonía; promueve zonas de reserva, pero no la descontaminación del borde marino costero; pretende una absurda clasificación de pesquerías con un grado intermedio entre subexplotado y plena explotación, y crea otro delirante de “sobreexplotación”.

No se menciona lo concerniente a los derechos de pesca, ni se ordena que los recursos propios del sector sean exclusivamente destinados a atender sus costos de investigación y fiscalización. Tampoco prohíbe que sean malversarlos en gastos administrativos o de otros viceministerios. Se habla de aparejos amigables sin definirlos, se crean registros sin sustentarlos y se fija en 5 años el plazo de vigencia de los permisos, lo que es a todas luces inconveniente por su brevedad.

Podríamos enumerar decenas de despropósitos más, sin embargo, lo peor es que este proyecto pretende imponerse sin objetivos precisos, derivados de una política nacional aprobada con la participación ciudadana, a cuyo servicio habría de diseñarse y estructurarse, después, una moderna ley sectorial. Es un clamor generalizado que deberían consensuarse las grandes líneas maestras que señalen el camino de nuestra actividad pesquera, la misma que por carecer de esta vital herramienta, pierde competitividad y va quedando rezagada frente a vecinos y productores de otras latitudes, que cuentan con mucho menor riqueza en el mar y aguas continentales que el Perú.

La bancada de Perú Libre quiere hacer las cosas al revés, lo que sería indudablemente perjudicial para el país. Deberían comprender, de una vez por todas, que nunca va a servir poner la carreta delante de los bueyes.

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