Pésima gestión pública que facilita corrupción

Pésima gestión pública que facilita corrupción

El núcleo de la corrupción se halla en la gestión y administración de los recursos del Estado en cada entidad pública porque los sistemas de controles, tanto económicos, administrativos y financieros, como los funcionales, no resultan eficaces justamente porque dependen presupuestariamente del órgano de gobierno al que deben controlar. En palabras simples, el controlado controla o neutraliza al controlador.
Es un concepto elemental en administración que cada órgano de gobierno tiene una política general que le obliga a fijar objetivos en función de la misión encomendada y, a la vez, planes de desarrollo para el logro de esos objetivos que fijen lo que se espera alcanzar en el corto, mediano y largo plazo para beneficio de los usuarios y de la propia entidad, produciendo bienes y servicios de bajo costo y alto beneficio en favor del usuario final, con una mano de obra de calidad en tecnología y honradez.
Ha venido sucediendo que la administración, que debe materializar lo que quiere la gestión, aplica los recursos presupuestarios a su gusto, según modelos obsoletos y sin planificación, organización adecuada, establecimiento de líneas jerárquicas de personal, nombramientos de servidores sin controles efectivos de calidad y eludiendo a todo el sistema de control gubernamental que, increíblemente, depende presupuestaria y funcionalmente de esa administración todopoderosa e intocable.
Allí surge el fracaso del control a cargo de la Contraloría General de la República porque sus inspectores internos son nombrados por la administración de la entidad, aunque protegidos en su estabilidad por la Contraloría, pero sin mayor apoyo en planta y trabajo para ejercer plenamente un control previo y concurrente que evite la corrupción que se ve venir.
Allí se neutraliza el control funcional porque los actos de control del ente respectivo requieren fondos del presupuesto para sus investigaciones y movilizaciones hacia ciertas zonas o ciertos funcionarios, cuyo plan reservado se pierde porque la información sale de la administración con antelación, haciendo inútil o muy difícil la eficacia del ente del control funcional.
En las relaciones con proveedores y contratos para obras públicas se cometen los mismos actos que históricamente han sido utilizados para consumar hechos de corrupción, los que se conocen a través de los delitos más comunes que son materia de procesos penales en el sistema de justicia, el cual tampoco se libra de este análisis.
En obras públicas tenemos el eterno problema de los defectuosos expedientes técnicos, los adelantos para la obra, las coimas iniciales y la pérdida del costo de oportunidad. No se sabe si nos faltan técnicos idóneos o si, simplemente, en la entidad validan lo que viene sin ningún control.
Un ejemplo clamoroso es la construcción de un puentecito que pretende unir Miraflores con Barranco cruzando la Bajada de Armendáriz. Decimos un puentecito porque solo transitarán por allí peatones y ciclistas. Se demoraron un mundo y, cuando iniciaron la pequeña obrita, cerraron el parque Bicentenario casi un año, y hace un par de meses bloquearon violentamente el tránsito creando un caos vehicular infernal. Ahora nos dicen que todo se paraliza. Vergüenza ajena.

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