El que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República busque declarar persona no grata al presidente de Colombia, luego de sus lamentables comentarios sobre la Policía Nacional del Perú comparándola con tropas nazis, es una respuesta institucional coherente frente a la clara injerencia extranjera en asuntos nacionales, algo que Gustavo Petro viene haciendo desde aquel 7 de diciembre en que Pedro Castillo, aún presidente del Perú, dio su fallido golpe de Estado.

Otros presidentes de la región, todos de izquierda, también se han pronunciado respaldando a Castillo en su intento de convertirse en dictador. A pesar de que dicen respetar y defender la democracia, parece no importarles o no querer creer que Castillo buscó romper el Estado de Derecho e imponer un régimen autoritario e ilegal, lo que ha contribuido a que sus seguidores creen una posverdad, en la que el golpe se lo dieron a él.

Esta negación de lo evidente contribuye a banalizar la gravedad de lo que hizo Castillo. Sus acciones, desde el primer día de su mandato hasta su fallido golpe de Estado, han traído como consecuencia las movilizaciones violentas de los últimos meses; que ya parecen estar menguando, pero con tendencia a prolongarse en algunas zonas. El que se reabriera Machu Picchu es una prueba de la disminución del conflicto.

El espíritu de cuerpo que los mandatarios de izquierda de la región hacen por Castillo, podría tener muchas lecturas, entre ellas la geopolítica, pues el bloque internacional de izquierda supuestamente ha perdido una pieza muy importante en la región, al ser Perú uno de los países más estables económicamente, y con proyección a volvernos el puerto de entrada del comercio asiático cuando esté concluido el megapuerto de Chancay.

Además, es muy probable que vean a Castillo como un símil, y les preocupe que pueda ser tomado de ejemplo para la oposición de sus países. Si a Pedro Castillo lo vacaron y lo llevaron preso por quebrar el Estado de Derecho, lo mismo podría pasarles si deciden no respetar las reglas de juego establecidas por las distintas democracias que se configuran en sus Estados.

Bajo esta lógica, la tensión internacional que generan estos presidentes al opinar sobre la política de otro país, realmente no pone en riesgo las relaciones diplomáticas y comerciales a futuro ni parece capaz de generar un conflicto internacional, pues en el fondo son mensajes para sus propios conciudadanos.

Es muy probable que se deba a eso por lo que la cancillería peruana se ha mostrado cauta en sus respuestas a las constantes injerencias: se debe considerar que los gobernantes van y vienen, pero los Estados, como entelequia, como estructura administrativa burocrática soberana con proyección geopolítica, son de larga permanencia en la historia.

A pesar de los comentarios desafortunados (y muy posiblemente interesados) de varios de los mandatarios de izquierda de la región, el manejo de la crisis política en el Perú ha sido abordada con una estrategia de contención del conflicto, que, si bien tuvo errores en un principio, se ha ido perfeccionando y ha evitado una escalada mayor de la violencia, lo que hubiera producido ingobernabilidad total y probablemente más derramamiento de sangre.

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