Petroperú: empresa estatal no sostenible y en su mayor crisis financiera

Petroperú: empresa estatal no sostenible y en su mayor crisis financiera

Debido a que Petroperú se encuentra en medio de su mayor crisis financiera, su directorio, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), desde setiembre 2023, solicitó al gobierno un quinto rescate financiero por US$ 2,550 millones, recibiendo contundentes respuestas negativas del ministro de Economía (MEF) Contreras y el premier Otárola, asegurando que el gobierno ha decidido no seguir financiando su déficit, sin embargo, el pasado día 11, ambos personajes se retractaron anunciando la formación de un grupo técnico para evaluar la viabilidad de lo solicitado.

Petroperú fue creada en julio de 1969 después del golpe de Velasco Alvarado, y su debacle se inicia en julio 2006, cuando el Congreso aprobó, con reconsideración e insistencia, la Ley 28840 de fortalecimiento y modernización de esta empresa, liberándola de controles del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip) y Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode), pudiendo actuar con total autonomía económica, financiera y administrativa, a las 2 semanas de promulgada, ya se anunciaba su modernización.

Esta ley vino con un manto sombrío y visionario porque desde su aprobación ya se mencionaba que campearían la corrupción y malos manejos, así, en el tiempo, se ha convertido en una empresa estatal no sostenible por su pésima gestión, ineficacia, innumerables cambios de directivos, casos de corrupción, etc., ocasionando su actual grave situación financiera. Esta ley propició la suscripción de 2 contratos con la empresa española Técnicas Reunidas para modernizar la Refinería de Talara, el primero en marzo 2010 por US$ 1,177 millones, no concretándose por graves cuestionamientos, luego se promulgó otra Ley 30130 (diciembre 2013) declarando dicha modernización de necesidad pública e interés nacional, así, en mayo 2014 se firmó el segundo contrato por US$ 4,782 millones. Increíblemente, ambos contratos fueron inaccesibles durante 7 años.

Bajo este panorama, muy grave ha sido el aumento vertiginoso de costos, desde 2004 con un estudio de prefactibilidad por ampliación de 3 unidades (US$ 315 millones), en 2007 aumentó como costo inicial (US$ 1,334 millones), en 2014 por inicio de construcción (US$ 4,782 millones), llegando al cierre del ejercicio 2022 (US$ 5,985 millones), y aún así, el gobierno evalúa la viabilidad de un quinto rescate financiero por US$ 2,550 millones, que representa un punto del PBI.

La explicación sería, si Petroperú no es rescatada financieramente, podría quebrar y presentarse la posibilidad de ser privatizada, que sería lo mejor para el país, pero lo peor para este gobierno comunista que realmente pretende estatizar la industria petrolera entregando a Petroperú, sin licitación y sin reunir las condiciones técnicas, los lotes I, VI, Z-2B y posteriormente el X.

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