Conforme lo dije la semana pasada las mismas normas que valieron para elegir al señor Sagasti como presidente del Perú fueron las que se aplicaron para la elección del señor Merino. Para el primero fueron válidas, pero cuando se aplicó para el segundo los “periodistas-constitucionalistas” lo interpretaron como “golpe de Estado”.
Hasta el momento no he escuchado ninguna disculpa pública para el país, de aquellos que usando una interpretación constitucional antojadiza y seguramente empujados por algún móvil ideológico generaron el desorden social y la muerte de dos personas. Ahora los mismos que transmitían en vivo las marchas, daban recomendaciones para cuidarse en ellas e informaban de las rutas del desorden, quieren culpar a la Policía Nacional y al señor Merino por todo lo ocurrido.
Hoy la estrategia es culpar a la Policía Nacional y mellar su moral, pretendiendo que la sociedad desconozca en ellos la autoridad que la ley les otorga. Los videos transmitidos por las redes sociales dan cuenta que la actitud desenfrenada y enfermiza de la turba fueron los primeros en generar la violencia, el caos y el desorden.
La Policía Nacional merece todo el respaldo de las personas y de las instituciones públicas y privadas, pues ellos están obligados a cumplir con las disposiciones legales y su misión es proteger a las personas y los bienes comunes ante cualquier riesgo.
Es muy probable que las protestas violentas continúen y ante el golpe moral a los miembros de la Policía Nacional, lo que se busque es la destrucción de la propiedad pública generando mayor caos y con ello lograr que su demanda principal, que se convoque a una Constituyente se lleve a cabo. Es muy importante para el país que aquellos que creemos en la democracia y el Estado de Derecho y que hemos sufrido la crisis económica, así como la guerra contra el terrorismo, nos manifestemos. No es justo para el Perú que un grupo de jóvenes y que muchos de ellos se la pasan haciendo muecas y símbolos con las manos frente a un teléfono, crean que el camino para que un país crezca económicamente sea el desorden y el caos. La Constitución ampara el derecho a la protesta, pero no al vandalismo.
La campaña de desprestigio y culpabilidad contra la Policía Nacional obedece a una estrategia política. Ojo al piojo.