Tremendo malestar está causando en la Policía Nacional del Perú la decisión del presidente Sagasti y del ministro del Interior Rubén Vargas al ascender al general Cervantes como director general de la PNP. Para viabilizar este despropósito, tuvieron que dar de baja a casi 20 generales que estaban antes que el mencionado en el escalafón. Esto no sólo horada la institucionalidad de dicha institución, sino que además es ilegal. Está claramente establecido por ley que para escoger a su máxima autoridad debe hacerse entre una terna de los de mayor antigüedad. Cervantes estaba en el puesto 16. Un escándalo. Es peor que lo que hicieron los Humala, ya que en su tiempo no estaba vigente la ley actual que pone límites claros a la acción del Presidente de la República.
Tan absurda ha sido la movida que ha generado no sólo el rechazo unánime de ex directores generales de la Policía sino de casi la totalidad de ex ministros del Interior de 4 gobiernos distintos. Algunos le atribuyen este error a la influencia de Gino Costa, del mismo Partido del Presidente interino, quien aparentemente presionaría para que Cervantes sea el mandamás de la fuerza pública.
La maniobra ocurre al mismo tiempo que la parlamentaria comunista Rocío Silva plantea derogar la ley de protección policial; es decir quiere dejar a los efectivos policiales desarmados frente a la acción de la turbas. Algo inaceptable. Entre la ojeriza evidente de Silva Santisteban y la ansiedad por tomar control de la institución por parte de Costa no se puede evitar la asociación ideológica en este ataque concertado a la PNP. Por cierto, el Partido Morado ha planteado la aberrante idea de municipalizarla, algo que sólo dotaría a la mafias locales de autoridades inescrupulosas de una guardia armada que avalen parte de sus latrocinios.
¿Por qué la obsesión por colocar a un amigo en la Dirección General? Veo muy lejano y poco consistente que esta decisión se haya basado en realizar una auténtica reforma de la institución o castigar los supuestos excesos cometidos en el marco de las movilizaciones que obligaron a Merino a renunciar. Primero, porque estos excesos están por investigarse a profundidad y, luego, porque una reforma implica un proceso complejo y bien pensado, en el que se puede incluso convocar misiones internacionales. Aquí parece sólo importar capturarla políticamente como respuesta a la interrogante planteada.
Lo que no se da cuenta Sagasti es que él es un presidente de transición para todo efecto práctico, con sólo 8 meses de ejercicio, que nace de una sucesión constitucional, pero no del voto popular. Por tanto, no tiene ni el tiempo ni la legitimidad para realizar una reforma policial, en este caso mal enfocada. ¡Reflexione, Presidente Sagasti, ordene rectificar esta barbaridad cuanto antes!
Se habla de una próxima huelga policial o de algún modo de protesta alternativa; pienso que están en su pleno derecho frente al maltrato recibido. Los partidos democráticos, aquellos alejados de todo cálculo comunista, deben respaldar a la Policía de llegarse a este escenario, movilizándose y expresándose. Estoy seguro que ese será el camino que el Partido Aprista, sus dirigentes y candidatos tomarán. Esperemos que los demás hagan lo propio. Dejar sola a la PNP en este contexto no es una opción. Pretenden minar su moral. No debemos permitirlo.