Si este país sucumbe por el estado catatónico en que se encuentra, es culpa exclusiva de un proceso electoral que, obviamente, nunca respondió a la voluntad ciudadana.

Existen dudas, más que suficientes, para cuestionar el resultado de los comicios del año pasado. Particularmente el llamado repechaje, llevado a cabo en el mes de junio de 2021. Si el lector se retrotrae conscientemente a esa fecha, comprenderá mejor el trasfondo de este comentario: el Perú no resiste unas nuevas elecciones organizadas y supervisadas por las mismas autoridades que integraron –y todavía lo conforman- el Jurado Nacional de Elecciones JNE. Sería repetir un proceso tan o más controversial aún que el de 2021. Unos comicios plenos de sospechas, que desafortunadamente no llegaron a traducirse en pruebas definitivas porque Jorge Luis Salas Arenas, abogado, militante de grupos comunistas y defensor de terroristas, ejercía –como lo hace hasta ahora- la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Hay más. Contra toda lógica, Salas Arenas se apropió del ejercicio del doble voto en el JNE, valiéndose de que el Colegio de Abogados de Lima no alcanzó a elegir a su plenipotenciario ante el JNE. Según opinión de Mario Amoretti, al momento ex decano del Colegio de Abogados de Lima, “La participación de Salas Arenas (refiriéndose expresamente al doble voto) no ofrece garantías. Un pleno del JNE funciona con cinco miembros y ahora está funcionando con cuatro. Primera vez que se lleva a cabo una elección con un voto dirimente entre cuatro miembros” del Jurado. Asimismo hubo serios cuestionamientos sobre Jovián Sanjinez Salazar, integrante del JNE en representación de las facultades de Derecho de las universidades estatales, quien acabaría siendo sospechosamente incondicional a Salas Arenas.

Entre ambos, excluyeron sin justificación alguna al Apra; a Fernando Cillóniz, candidato por el partido Patria Segura; y a Perú Nación, partido del entonces candidato Francisco Diez Canseco. De otro lado, el Fiscal Supremo Luis Arce, vocal ante el JNE en representación del Ministerio Público, explicó entonces que Salas Arenas había “claudicado de su rol constitucional de administrar justicia electoral con imparcialidad.” Finalmente, frente al cúmulo de denuncias que surgían en vísperas de las elecciones, Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional y colaborador de EXPRESO, dijo entonces, en alusión a Salas Arenas, que la gran responsabilidad del JNE “era darle legitimidad al próximo gobierno y eso se logrará si pone por delante su deber constitucional, que es encontrar la verdad electoral para reflejar la voluntad ciudadana en las urnas.” Algo que jamás ocurrió. Más bien sucedió lo contrario, ya que una y otra vez, la inconducta de Salas Arenas fue denunciada por voces respetables.

Salas Arenas es el padre putativo de la peor presidencia de la República que registre la historia de la nación. Asimismo, responsable del caos generalizado en que está envuelto el Perú a sólo un año de juramentado presidente Castillo, coincidentemente comunista como Salas Arenas. El poder Judicial debe remover ahora mismo a Salas Arenas, para evitar otra elección plena de fraude y de escarnio para nuestra sociedad.

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