La pandemia y el trabajo remoto no son pretexto para relajar las acciones del Poder Judicial (PJ) en el cumplimiento de sus sentencias que obligan a las empresas a pagar beneficios sociales. La presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctora Elvia Barrios Alvarado, alguna vez ha sido enfática en el sentido de que las sentencias “se cumplen y se cumplen”, por lo que sería oportuno que reitere esa exhortación a todas las instancias de la administración de justicia.
Ahora que con el régimen del profesor Pedro Castillo, como jefe de Estado, y Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros, se habla mucho de la “deuda interna o social”, así como también se habla de “años de postergación de los derechos”, sería correcto que el Estado se enfoque en hacer cumplir las sentencias laborales, pues no es justo que la parte débil en una relación laboral pase seis o siete años litigando para que al final haya empresas que ya perdieron en todas las instancias y, sin embargo, se burlan de las sentencias del PJ.
El problema es más grave cuando se trata de empresas televisoras que se supone pregonan la transparencia y los códigos de ética no sólo ante la industria de la televisión sino también ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) respecto de supuestas “buenas prácticas corporativas”. Pero jamás habrá “buenas prácticas” si se incumplen las sentencias judiciales; por lo que, más temprano que tarde, sus directorios y gerencias tendrán que salir a la escena pública para explicar si están echando mano de trampas o fraudes financieros para burlar la ejecución de las mismas.
El tema se vuelve más problemático y motivo de reproche social, cuando no de índole penal por el incumplimiento, a partir de que esas empresas recibieron -muy orondas- fondos del Estado como el de “Reactiva Perú”. Es decir, cientos de miles de soles prestados a largo plazo y con cero como tasa de interés, de manera que el Estado no va a aceitar empresas para convertirse en cómplice de firmas que incumplen el pago de beneficios sociales, y los jueces no pueden permitir que aquellas se burlen de sus decisiones.
Algunos nuevos congresistas no descartan presentar un proyecto de ley que permita que las sentencias judiciales laborales se cumplan efectivamente, además de crear una lista de “deudores laborales”, tal como ocurre en el caso de los deudores alimentarios.
@RafaelRomeroVas

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