El sábado pasado escribí en Expreso: “Vivimos tiempos de oscuridad, confrontación y violencia, que abren puertas a escenarios inimaginables. Los tóxicos vientos que soplan, cada vez con mayor fuerza, enrarecen el ambiente en una sociedad dividida, donde odios, pasiones, prejuicios y mezquindades psicóticas van marcando el camino hacia un Bicentenario que nos encuentra más enconados que antes de la gesta libertadora y puede conducirnos a la dramática anarquía que experimenta Chile”.
No creo haberme equivocado porque, salvo que retorne la racionalidad en una población presionada por marchantes y estimulada por algunos medios de comunicación, estamos en camino a una asamblea constituyente que nada resolverá, salvo retornar al grasoso e inoperante Estado empresarial.

Han ocurrido hechos asombrosos, como leer (y releer) sobre un alto directivo de la banca sumándose a las marchas. O escuchar al médico Elmer Huerta decir que las conglomeraciones no contagian la Covid-19, exactamente lo opuesto a su prédica en RPP, emisora donde recomendaba “evitar las concentraciones de personas como medida de precaución para evitar contagios por el nuevo coronavirus”. O atender las reflexiones del abogado Omar Cairo, convertido en estrella de TV, manifestando que la vacancia por incapacidad moral no se encuentra contemplada en la carta fundamental, olvidando que el 2012 dijo exactamente lo opuesto en una exposición en la Universidad de Lima.

Pero hay más curiosidades. El secretario general de la OEA, embajador Almagro, planteó la ilicitud de que la vacancia la resolviera el TC, en lugar del Congreso. No menos sorprendente fue la patosa sugerencia del candidato Salaverry para que la señora Ledesma, presidenta del TC, asumiera la jefatura del Estado. Pero quien se llevó la medalla de oro, el premio mayor a la irresponsabilidad, fue el Partido Morado, que el día 15 publicó un inolvidable pronunciamiento exigiendo que el Congreso anule la votación y devuelva la banda presidencial a Vizcarra. De haber tenido éxito ese planteamiento, Francisco Sagasti no estaría en Palacio de Gobierno, sino un victimizado Vizcarra.

Los ciudadanos tienen derecho a marchar, pero no a empujar e insultar a la policía, lanzándoles piedras, palos, tarros de pintura, bombardas o carretillas con fuego para pretender ingresar al Congreso o a áreas restringidas. El país lamenta la muerte de dos jóvenes y los responsables deben ser identificados y sancionados de acuerdo a ley, pero también debe sancionarse a quienes estimularon la violencia y a las barras bravas que se desplazaron al departamento del periodista Beto Ortiz para amedrentarlo y que ayer pretendieron hacer lo mismo en casa de un magistrado del TC que votó contra la nulidad del acuerdo de vacancia.

En este vidrioso contexto, el gobierno debe garantizar la paz interna, desmarcarse de las turbas y apoyar a la Policía Nacional, institución que ha entregado la vida de centenares de efectivos enfrentando al terrorismo y la delincuencia, y que estos meses ha perdido 506 miembros protegiendo a la población de la pandemia.