Política criminal esquizofrénica

Política criminal esquizofrénica

En los últimos años se han producido reformas importantes en el ordenamiento peruano que han significado el reconocimiento o reforzamiento de la protección a sectores visiblemente vulnerables o excluidos.

Tal es el caso de la criminalización de la violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones: feminicidios, lesiones físicas y psíquicas, maltratos, violaciones sexuales, acoso, tocamientos indebidos u otros actos de connotación sexual.

Los sectores especialmente olvidados, como las mujeres sujetas a explotación sexual, migrantes, de pueblos originarios, con discapacidad física o mental, adultas mayores, niñas y adolescentes, también han sido incluidos.

La inclusión de la que hablamos se ha manifestado en la política criminal mediante la integración de razones que involucran un mayor reproche punitivo en conductas comunes cuando se trata de esos sectores vulnerables, sea con el tratamiento que se les otorga como agravantes específicas en determinados delitos y con la posibilidad de que puedan servir en otros como circunstancias de agravación genéricas.

Sin embargo, también se ha visto una política criminal excluyente destinada a crear un derecho penal sin garantías para determinados procesados o sentenciados, a los que en virtud del delito atribuido se les considera “enemigos” sociales para así justificar la inobservancia de garantías materiales y procesales. ¿A qué se debe esta dicotomía? Quizás a una política criminal desorientada que considera la expansión y drasticidad punitiva como una solución viable y eficaz. O tal vez a una fuerte tendencia a responder de manera oportunista a las diversas oleadas del incremento delincuencial, lo que implica un populismo punitivo, significativo a corto plazo, pero insostenible en el tiempo cuando se observan sus insignificantes resultados en el Estado constitucional de derecho.

Cuando el vocablo “contención” se utiliza para justificar la aplicación de regímenes especiales de mayor seguridad y disciplina en los centros penitenciarios del país se excluye al sector de ciudadanos que cumplen condenas por delitos graves (negados a beneficios penitenciarios u otras medidas para obtener su libertad). Para quienes se inclinan por aplicar esa “contención”, se deben construir más cárceles o incrementar la capacidad de las que ya existen.

Comienza entonces una política criminal esquizofrénica porque lo excepcional se comienza a normalizar y, entonces, el sistema penal se transforma en un sistema de gestión de “residuos”. Aunado a ello, se generan “nuevos registros” que, si bien no funcionan como antecedentes penales o judiciales, estigmatizan y excluyen a muchos, como sucede con los “agresores” en casos de violencia de género o los “deudores” en materia de alimentos.

He aquí el insólito tratamiento que otorga nuestro derecho penal actual. Poco científico, pero muy proactivo para algunos casos y reactivo para otros. Y todo esto sucede dentro del llamado “ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO”. Un deteriorado rótulo grande cuyo reverso nos muestra la realidad de una esquizofrenia que se va agudizando día a día.

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