La industrialización es un fenómeno de carácter económico basado en la producción de bienes a gran escala, y se asocia en cierta medida con el acceso a un trabajo decente.

En el Perú, se han dado políticas industriales fallidas; recién en 1974 se dio una Ley General de Industrias (Gobierno Militar), y desde 1982 se comenzó a flexibilizar la regulación de dicha Ley General, a través de la apertura de nuestra economía a la competencia externa. En el período 1982-85 (Belaunde) la industria entró en crisis productiva, y en recesión en el primer gobierno de García.

Luego, en el período 90-2000 (gobierno de Fujimori), entró en un proceso de desindustrialización, a través de la apertura al comercio exterior y la desregulación de los mercados internos, con la consecuente pérdida de competitividad del sector industrial. Se buscó la promoción de la inversión privada fundamentalmente en sectores con ventajas comparativas (minería, agricultura, turismo, y servicios como agua, electricidad y comunicaciones).

Sin embargo, el Perú muestra un déficit crítico en servicios de calidad como educación, salud y en el desarrollo de capacidades de innovación y progreso tecnológico; y un empleo informal cercano al 80%.

La explicación deviene de que con la globalización, las políticas de promoción industrial fueron dejadas de lado y sustituidas por una visión de la economía que deje de lado el papel promotor del Estado, y se sustituye por las fuerzas del mercado.

Actualmente, la industria peruana se encuentra altamente concentrada en productos de bajo valor agregado y se caracteriza por una gran presencia de micro y pequeñas empresas informales con baja productividad. Asimismo, escasos mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público y privado.

En este contexto, entre las propuestas para la reactivación económica del país, en septiembre de 2023, se presentó en el Congreso de la República, un proyecto para una Nueva Ley de Industrias (Nª5892/2023-CR), contando con la colaboración de la Sociedad Nacional de Industrias, donde se priorizan los sectores de alta competitividad, con abundantes materias primas y mercados internacionales en expansión, así como la generación de espacios regionales productivos que dejen atrás el centralismo.

Básicamente incluye un paquete tributario que afecta directamente al Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), para la creación de nuevos incentivos tributarios para 8 sectores estratégicos identificados con un gran potencial de crecimiento, los que aún no han sido validados: agroindustria y biotecnología; forestal; textil y confecciones; industria naval; energías renovables, eficiencia energética y electro movilidad; proveedores a la minería; TIC y contenidos digitales; y, considero que la pesca y la acuicultura, en la medida en que la prioridad sea el consumo humano.

El proyecto propone: el fomento a la inversión de utilidades aplicado como reducción del impuesto a la renta; un Régimen especial de depreciación de maquinaria y equipo; el fomento de las inversiones mediante los polos de desarrollo productivo en zonas altoandinas y amazónicas; entre otros.

Los incentivos tributarios propuestos pueden generar importantes distorsiones en la economía y generarían un importante costo fiscal. El actual escenario fiscal indica que no es un buen momento para implementar mayores incentivos tributarios. Los ingresos tributarios vienen cayendo por la recesión y en términos reales han caído 12%.

En el marco del proyecto, se estima que las exoneraciones representan 2 puntos del PBI, unos S/ 20,000 millones, pero en el contexto de baja recaudación se requiere de mayor análisis sobre su impacto fiscal, distinto sería si respondiera a una política agresiva de sustitución de alimentos, que sigue siendo la principal causa de inflación, si se tratara de sustituir el trigo que importamos en 80% para utilizar nuestros tubérculos y cereales andinos, con mayor nivel de proteínas, para lo cual se requiere tecnificar el agro andino.

Aunque es necesario aprovechar las potencialidades del país para reactivar la economía, es poco probable que la implementación de nuevos incentivos tributarios permita un desarrollo de largo plazo de la industria.

El proyecto de la Nueva Ley de Industrias es incompleto (falta lo laboral) e insuficiente (falta el aspecto institucional), y debería superar el sesgo tradicional de sus subsidios y exoneraciones tributarias, e incorporar una reforma básica que mejore la productividad, la competitividad y la infraestructura necesarias para orientarse al mercado interno y externo, que implican el involucramiento del Poder Ejecutivo en el desarrollo industrial, nuevas industrias integradas en cadenas productivas, orientadas a las exportaciones y consumo interno y externo.

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