Según CEPLAN, las Políticas de Estado “definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país”. No cabe duda que con los indicadores alarmantes de anemia y desnutrición, que se observan a nivel nacional (particularmente, en las zonas de mayor pobreza), la seguridad alimentaria debería ser una de esas políticas y el propio Presidente de la República, su primer impulsor. Se esperaría que éste fije metas y articule los esfuerzos del aparato público para su consecución.

La pesca ha sido ancestralmente una de las principales fuentes de alimentación del hombre peruano, tal como se observa en Caral y las diferentes culturas precolombinas asentadas en nuestro territorio, incluyendo el Incanato. Sin embargo, en el último siglo, no fue ese pilar del bienestar de nuestro pueblo, a pesar de los grandes volúmenes de recursos hidrobiológicos desembarcados. En los años 70 se configuró la etapa de mayor apoyo estatal al consumo del pescado, con la creación de la Empresa Pública de Servicios Pesqueros (EPSEP), la construcción de Terminales Pesqueros en la costa y Frigoríficos en la sierra. Se propició la comercialización de jurel, caballa, merluza y otros en mercados y kioskos a nivel nacional. Se fomentó el hábito, el cual consolidó la demanda de pescado congelado en las zonas andinas (que perdura hasta la actualidad) y el sector privado, concertando con el Estado, contribuyó con conservas populares. Había una Política de Estado en el sector pesquero.

Entre 2001 y 2010, el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), dio el impulso que inició la promoción del consumo de anchoveta, con el apoyo de FAO, JICA (Japón), AECI y ANFACO (España). Los consumidores fueron capacitados en comedores populares, clubes de madres, colegios, instituciones, etc. En 2007 se declaró de importancia estratégica y de interés nacional la promoción del consumo de anchoveta y pota, con la consiguiente disposición que las entidades del Estado las incluyan en sus compras de alimentos. El país redescubrió a la anchoveta, este recurso ingresó a los principales mercados y a la gastronomía peruana en expansión. Comenzó a resurgir la industria conservera y a vislumbrarse una solución para nuestras deficiencias nutricionales.

Luego llegó el humalismo, que descabezó al ITP para más tarde mutilarlo. Derogaron la norma que regulaba las compras del Estado, dejó de promoverse el consumo de anchoveta y no se facilitó el abastecimiento de la industria conservera al que está obligado el Ministerio de la Producción por mandato legal.

El jurel sigue siendo un recurso altamente demandado en la mesa popular y debido a su variabilidad, se tienen que importar hasta 50 millones de kilos algunos años, ya que el promedio de sus desembarques en el Perú entre 2014 y 2018 asciende a 35,544 toneladas. Sin embargo, en anchoveta se extrajeron en ese mismo periodo, 3’737,819 toneladas y de pota, el equivalente a 401,251 toneladas. No resulta difícil entender que la anchoveta y la pota podrían resolver los déficits de ingesta alimentaria de nuestro país, así como el atún que ofrece un abastecimiento permanente. No hay nada que inventar. Los pescadores peruanos lo pueden hacer. Sólo falta que se establezcan y cumplan las Políticas de Estado que lo hagan posible. No debemos esperar al próximo gobierno, se puede y se debe comenzar hoy.