En términos prácticos, debe entenderse como política pública a toda aquella oportunidad de mejora frente a un asunto público que nos afecta como sociedad. Dicho de otra manera, la política pública es la respuesta estatal frente a la diversa problemática social (inseguridad, desempleo, desnutrición infantil, problemas de titulación, falta agua y desagüe, etc.).

Resulta evidente que para solucionar los múltiples problemas que nos afectan, se necesitan políticas que sean el resultado del análisis de la realidad y, en función a ello, plantear soluciones técnico políticas viables y sostenibles.

Lamentablemente, en el Perú el fracaso de las políticas públicas se debe a que quiénes las elaboran están divorciados de la realidad nacional y además desconocen cómo funciona la cosa pública. De ahí que las hipótesis de solución que estructuran no hacen “clic” con la problemática de aquellos a quienes se pretende ayudar.

Por ejemplo, hace un par de años el actual gobierno, dentro de su política de mejora del sistema de seguridad ciudadana, planteo que a efectos de fortalecer el servicio del serenazgo municipal se debía cobrar parte del arbitrio que financia este servicio público a través de los recibos de luz. En ese contexto se promulgó el Decreto Legislativo 1253.

No negaré las buenas intenciones, pero el camino al infierno también está adornado con ellas. Pregunto: ¿Se solucionó el problema o mejoraron los indicadores de recaudación municipal?

¡No! Y ello se debe a que quienes plantearon la “solución” al problema no entendieron o no se enteraron que los criterios de recaudación municipal no son los mismos que emplea la SUNAT o que los índices de morosidad en la recaudación local están estrechamente ligados a la insatisfacción vecinal por la prestación deficiente (y muchas veces nula) de los servicios por los que se les pretende cobrar o que esta “solución” ya se había implementado décadas atrás y fracasó.

En adición a lo anterior, el gobierno dispuso que si al momento de pagar el recibo de luz, el ciudadano solo desea cancelar el consumo eléctrico y no el monto del arbitrio de serenazgo que se le cargó, entonces, hasta ahí llegó el apoyo al fortalecimiento a la seguridad ciudadana en el ámbito municipal.

Cabe señalar que la abrumadora insatisfacción ciudadana, que no se centra en el tema de la reforma política, es el resultado de no tener verdaderas políticas públicas, empero, poco o nada parece importarle a quienes nos gobiernan, pues prefieren seguir con discursos y medidas populistas.

Curiosamente cada cinco años cambiamos de autoridades gubernamentales en el ámbito nacional, pero los que nunca cambian son los consultores que diseñan esos remedos de “política pública” que solo han servido para solucionar el problema de su propio desempleo.