Como era previsible, el fiscal José Pérez hizo algo que él supone espectacular: en vísperas de las elecciones acusó a Keiko Fujimori y una decena de colaboradores de delitos inexistentes y pidió más de 30 años de prisión para ellos, como si fueran feroces terroristas o asesinos de niños.
Era de esperarse una reacción desesperada de los fiscales politizados y prevaricadores, porque después de años de investigaciones y de millones de soles gastados no tienen –ni pueden tener- ninguna prueba contra Fujimori y sus colaboradores, por la sencilla razón de que no hay delito alguno que puedan imputarles.
Se trata de una desesperada maniobra política, similar a las que han venido realizando en los últimos años, para tratar de perjudicar sus posibilidades electorales. Han ganado algunos titulares escandalosos de la prensa, con los cuales piensan desanimar a posibles votantes.
En realidad, los aportes de campaña no declarados no eran delitos el 2011 –ni el 2016- y todos, absolutamente todos los candidatos en esas y anteriores elecciones los recibían. Pero solo a Keiko Fujimori, que nunca ha sido Gobierno, se le persigue con ensañamiento por un delito inexistente.
El lavado de activos es otra acusación absurda, tampoco vigente en esa modalidad en la legislación de ese entonces y absolutamente inaplicable al caso. Ese delito existe solamente cuando el que recibe un aporte sabe que la fuente del dinero es ilegal, es decir, producto del narcotráfico, la minería ilegal o cualquier otra actividad ilícita. Y como es obvio, ninguno de los aportes de esa época, reales o supuestos, provenían de fuentes que podían ser catalogadas como ilícitas.
En suma, la acusación de Pérez es un disparate que no tiene la menor posibilidad de prevalecer. Es la culminación de una campaña política con envoltura judicial que, hay que admitirlo, ha tenido un efecto. Llevar tres veces a la cárcel a Keiko Fujimori, presentarla esposada con un chaleco infamante, ha tenido sin duda un impacto que se ha reflejado en un perjuicio de su imagen pública, en especial si esto ha sido parte de una campaña en la que ha participado con entusiasmo toda la coalición vizcarrista, incluyendo medios de comunicación, opinólogos, ONG, estudios de abogados y sus enemigos políticos.
No obstante, también ha mostrado una característica de Fujimori, que es el temple, el coraje para resistir este brutal ataque y continuar, como está haciendo ahora, en el camino que se trazó hace años.
Estos fiscales deshonestos, en lugar de centrarse en lo realmente importante, en investigar y buscar sentenciar a los pillos que pagaron coimas y a los sinvergüenzas que siendo funcionarios estatales –presidentes, ministros, gobernadores regionales, etc.- las cobraron para entregar obras, muchas sobrevaluadas y mal hechas, a las empresas brasileras, al Club de la Construcción y otros, se han dedicado a perseguir a los adversarios de su jefe Martín Vizcarra y la coalición que lo respaldaba. Mientras tanto, los verdaderos corruptos siguen libres.