Reviso la ponencia presentada hace unos días por el magistrado del Tribunal Constitucional Ramos, sobre el proceso competencial iniciado por el Congreso de la República contra actos del Poder Ejecutivo referidos a su pretendida injerencia en el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, al invento de la “denegación fáctica”, al desconocimiento del trámite de las cuestiones de confianza previsto en el Reglamento del Poder Legislativo y a la disolución del mismo por Decreto Supremo 165-2019-PCM.

Lo primero que advierto es un inocultable conflicto de intereses derivado de que el conflicto competencial, relacionado con la designación de miembros del Tribunal Constitucional (y que fue el detonante del acto de fuerza contra el Congreso del 30 de septiembre último) haya de ser resuelto por seis magistrados, de un total de siete, con mandato vencido en junio y que han resultado beneficiados con la imposibilidad de ser reemplazados justamente por y hasta que el Parlamento esté impedido de reunirse en comisiones y Pleno.

Lo segundo que salta a la vista es que aparte del relato teórico constitucional, con énfasis histórico comparado y nacional, contenido en los Considerandos 1 al 74, la ponencia se limita a describir supuestas “fricciones políticas” entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, de un modo tan distorsionado que es evidente que enfocó mal el conflicto.

Es así que la ponencia dedica 21 considerandos -del 75 al 95- a describir como “tensiones políticas” hechos que en modo alguno debieran suponer, ni supusieron, tensión alguna, como por ejemplo que se diera por ganador en la segunda vuelta a P.P. Kuczynski mientras que Fuerza Popular había obtenido 73 escaños en la primera vuelta. Asimismo, considera tensión visibilizada (¿la elección generó una tensión encubierta?) que el Congreso hubiera aprobado modificaciones a su Reglamento para regular el transfuguismo, al que llama “renuncia a los grupos parlamentarios”. Casi ufanándose, recuerda que por decisión del Tribunal Constitucional, la nueva normativa resultó forzada a considerar válida toda renuncia que respondiera a “disidencia por razones de conciencia” (¿habrá acaso renuncia que no alegue ello?, ¿habrá algún tránsfuga que acepte serlo?)

Lo cierto y evidente es que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo un tema tan claramente interno al Poder Legislativo como es el tratamiento a sus bancadas, menos para considerar que es fuente de “tensión” entre ambos poderes, salvo que el magistrado Ramos pretenda sugerir que la fuente del transfuguismo hay que buscarla en el Poder Ejecutivo y que éste fue incomodado por la regulación.