En las últimas semanas, como si el Perú no atravesara tiempos de gran dificultad por la pandemia de Covid-19 y por los efectos nocivos de medidas tardías y sin sustento tomadas por el Gobierno para enfrentarla, en el Congreso una coalición de bancadas y de congresistas apuró el paso para servirse a sí misma y al presidente de turno el menú que más pudiera agradarles.

Contra viento y marea y sin el responsable estudio de la materia y de los efectos que causarían, se impusieron nada menos que tres reformas constitucionales al hilo y en un solo día. La primera de ellas la referida a la inmunidad parlamentaria (IP), tan denostada por el presidente accesitario Vizcarra, como si él mismo no tuviera inmunidad presidencial, en la que permanentemente se parapeta para cerrarle el paso a más de una acusación fiscal derivada de una cuarentena de investigaciones fiscales por corrupción.

En los últimos 39 años, desde 1980 hasta el 2019, se presentaron 123 pedidos de levantamiento de lP referidos a 74 congresistas (algunos de ellos concentraron 4 y hasta 6 pedidos). Si consideramos que en el período examinado fueron 1,540 los congresistas, 74 no representan ni el 5%. En un 70% se trató de ex alcaldes elegidos congresistas, y en un 10% adicional, de ex regidores y ex ministros.

Problema no había, menos de “impunidad” con la que se intentó caricaturizar una figura destinada a proteger la labor congresal de fiscalización a los otros poderes y a todos los entes públicos. Hubiera bastado introducir algunas precisiones legales como el silencio administrativo positivo. Pero el camino de eliminación ya estaba señalado y había que contentar a la población que -menos informada y más confundida aún- supuestamente exigía eliminarla.

Así hubiera quedado servido el señor Vizcarra si no fuera que, necesitado de confrontar para disimular su desastrosa gestión, no hubiera cometido el desatino de salir a confrontar al Congreso en nombre de una propia moralidad, cada vez más diluida en denuncias de corrupción en su entorno más cercano. La respuesta inmediata del Congreso, incluso de sus claros aliados, fue devolverle la cartita sellada con la inclusión de la eliminación de la inmunidad presidencial.

No inmunidad parlamentaria y no inmunidad presidencial parecen crear un escenario homogéneo y equilibrado en cuanto a poder se refiere. Espejismo total. Mientras que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, el Presidente tiene la alcancía y maneja la chequera del país y no faltarán fiscales y jueces que agradezcan su generosidad.

Por supuesto, mi voto fue contrario.