“Por pato o gallareta” algo falla en la Fiscalía de la Nación

“Por pato o gallareta” algo falla en la Fiscalía de la Nación

No es novedad que el respeto entre los poderes del Estado e instituciones autónomas como la Fiscalía de la Nación en el Perú sea, por ahora, un buen deseo e incluso un sueño inalcanzable. Hace unos días, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra congresistas por una norma que permite que los parlamentarios, exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, puedan recibir pensión y remuneración. Además, incluye dentro de la denuncia a otros congresistas por ejercer su derecho a votar libremente, consagrado en el artículo 93 de la Constitución.
Como era de esperarse, el Congreso responderá con “su vuelto” a través de otra denuncia constitucional, esta vez acusando a la Fiscalía de “desconocer” los derechos fundamentales de los parlamentarios. Sin embargo, este enfrentamiento innecesario por parte de la institución autónoma constitucional denominada Fiscalía de la Nación —que algunas personas y analistas llaman poder del Estado— podría interpretarse como una actitud política. Y no solo contra el Congreso, sino también contra el Poder Ejecutivo, debido a las diversas investigaciones preliminares en curso sobre los actos de la presidenta de la República.
La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué la Fiscalía de la Nación, desde hace mucho tiempo, viene asumiendo roles que podrían interpretarse como “políticos”? Algunos responden a esta interrogante presumiendo que existe un sesgo ideológico entre algunos de sus miembros; otros lo atribuyen al deseo de mejorar su imagen frente a la opinión pública, debido a la percepción negativa que existe respecto de la actuación de ciertos fiscales en la lucha contra la delincuencia común.
Lo cierto es que, sea por “pato o gallareta”, el rol que está desempeñando la Fiscalía de la Nación no le hace ningún bien. Esto se debe a que genera percepciones negativas, alejándola de la función que más interesa al pueblo: la persecución de la delincuencia común, ya sea organizada o no. Por otro lado, el Poder Judicial viene “enmendándole la plana” a la Fiscalía de la Nación, archivando casos y devolviendo otros para mejor estudio, lo que sugiere que “algo” anda mal en sus procesos internos.
Si bien la Fiscalía de la Nación es autónoma, sería necesario pensar en una fórmula que permita su reorganización y una redefinición de su rol. Para ello, sería útil que realicen un focus group y una encuesta a profundidad para conocer cuál es la percepción de la población sobre su trabajo. Esto les permitiría redirigir su estrategia laboral y mejorar su comunicación con el país.

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