La tentación de los políticos de reformar el sistema judicial es recurrente, y sólo la intervención de juristas conscientes ha impedido cada vez que se perpetre un atropello judicial desde los partidos.

Ahora más que nunca dicha tentación se ha vuelto más fuerte, cuando se ha judicializado la política y politizado la Justicia, en que los políticos están viendo a la administración de Justicia como un brazo de sus operaciones non santas. A lo que se agrega, que la mayoría de los líderes de los partidos y sus miembros, muchos congresistas, tienen investigaciones y juicios penales que les preocupa archivar, y ven la oportunidad de sacar del sistema a los fiscales y jueces que por su integridad, no les serán favorables.

Por lo que menos que nunca, los partidos y sus bancadas en el Congreso pueden pretender gestar una reforma judicial, por más que la doren de “opiniones jurídicas”, que no son independientes, ni neutrales; pues no sólo carecen de autoridad moral para ello, sino que tampoco tienen el conocimiento técnico de un proceso de reforma de los sistemas de Justicia.

Ya se escuchan voces de reformas de códigos otra vez, de elección de jueces y fiscales por poderes políticos, y de supresión de facultades a organismos autónomos, porque no se les puede controlar políticamente; es decir, aberraciones antitécnicas de lo que debe ser una reforma garantista de la independencia y autonomía jurisdiccional de jueces y fiscales, con especial relación a los poderes del Estado que deben controlar vía la administración de Justicia.

El Consejo Nacional de la Magistratura que creamos en una comisión del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, que elaboró el título de Administración de Justicia de la Constitución de 1993 y sus organismos conexos, fue un mecanismo concebido para garantizar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público de los poderes políticos, y funcionó bien en tanto sus miembros fueron responsablemente nombrados, nadie sabe cómo se infiltraron los que integraron el Consejo que tuvo que ser destituido en el 2018 por actos disfuncionales clamorosos.

Su reforma, que fue política, le cambió de nombre por Junta Nacional de Justicia y se inventó un sistema de nombramiento de sus miembros que coloca a los candidatos en la picota política, pues los titulares de la mayoría de los organismos que los nombran, son nombrados políticamente. Esto se debe cambiar.

La reforma judicial que se requiere urgentemente, es de recursos humanos, y nunca por medios políticos.
(x) Abogada con especialización en Administración de Justicia y Metodología para la Reforma Judicial. Consultora internacional en reforma de los sistemas de Justicia.

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