Otárola, como presidente del Consejo de Ministros (PCM) y por tener a su cargo la rectoría de la Política Nacional contra las Drogas al 2030, debe cumplir el mandato de la Constitución: “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito drogas y regula el uso de los tóxicos sociales” (artículo 8); la conducción de esta política está a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) –adscrita al PCM–, la cual, en abril de 2022, aprobó un ominoso e ilógico “Pacto Social Ciudadano” con los cocaleros para que erradiquen voluntariamente sus cultivos, procedimiento que no figura en la Política Nacional, y, que en lugar de luchar contra las drogas está dando apertura a incrementos sostenidos de cultivos ilegales y producción de cocaína.

Sin embargo, Otárola, que conoce perfectamente el gravísimo problema de las drogas en el Perú por haber sido director de Devida (2014-2016) y ha ejercido como miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en (2017-2022) y vicepresidente (2020-2021), además de tener seis meses como PCM, ni se ha inmutado, y menos, anulado el nefasto pacto con los cocaleros, pero lo más grave, y lo pinta de cuerpo entero, es que, en marzo de 2022 cuando era miembro de la JIFE, y ni se imaginaba que sería PCM, cuestionó duramente dicho pacto: “No puedes pactar ningún acuerdo con los representantes de los cocaleros que entregan su coca al narcotráfico bajo la presunción de que se van a autoerradicar, eso es una ilusión”, añadiendo que en Bolivia se aplicó un mecanismo similar generando un aumentó de 15% de los cultivos, además, cuestionó al gobierno comunista que hoy integra: “La política antidrogas debe estar en la agenda del presidente de la República. No solo no se entiende el problema, sino que se tienden puentes con los cocaleros ilegales”.

Cuando fue Devida, al dejar el cargo en 2016 explicó que no hubo erradicación en el Vraem, pero sí financiamiento de programas para reconversión de cultivos de coca, pero cuando le preguntaron si el trabajo fue efectivo, dijo textualmente: “Creo que no, creo que debe haber erradicación, y una erradicación con objetivos consolidados”.

Bajo este panorama, Otárola, siendo responsable del gobierno de la Política Nacional contra las Drogas la está desatendiendo peligrosamente, no ha pronunciado palabra alguna sobre la situación de drogas en el país y no presenta el informe de evaluación de resultados 2022; no existe un Plan Estratégico Multisectorial (PEM) como herramienta indispensable para aplicar la Política Nacional, y, con absoluta incongruencia, mantiene vigente el infame Pacto Social Ciudadano, sin erradicación en el Vraem, promoviendo incrementos sostenidos de cultivos ilegales de coca y producción de cocaína.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.