Preservar la independencia de poderes

Preservar la independencia de poderes

Todo Estado democrático basa su sustento en la independencia de poderes, evitando que uno avasalle al otro o lo subordine. El modelo diseñado por Montesquieu precisamente enarbolaba el equilibrio que debe existir para garantizar un efectivo sistema político bajo la figura del “balance of power” o el “checks and balances”. La materialización de este principio debe contribuir a una convivencia colectiva donde cada órgano de poder concentra su actividad en las atribuciones específicas que les asigna la Constitución, sin arrogarse funciones de los demás.

La norma superlativa peruana, en su artículo 43, párrafo tercero, establece que el Estado se organiza bajo el principio de separación de poderes, referente axiológico que es complementado con lo establecido en el artículo 46 cuando expresa en su último párrafo que “son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.

La historia latinoamericana está marcada por la nefasta presencia de dictaduras militares en el poder, que afectaba precisamente la independencia de poderes, al extremo de cerrar el congreso y controlar desde el gobierno el accionar de los administradores de justicia, provocando a través de los tribunales el encarcelamiento de opositores políticos.

Si bien este antecedente proviene del pasado, advertimos que, durante la democracia, los gobiernos civiles optaron por manipular el Poder Judicial ejerciendo un abusivo control de las decisiones judiciales con similares objetivos políticos que las dictaduras militares, problema que aún no fue resuelto.

Lo que más inquieta en el caso específico del Perú es que en los últimos tiempos esta experiencia negativa de control y avasallamiento de un poder del Estado hacia otro, se produce al revés. Determinados grupos de poder político y económico ejercen influencia en las instancias judiciales, promoviendo sentencias en contra del Poder Legislativo, coartando el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le otorga al Congreso de la República para dictar leyes. Son varios los fallos judiciales anómalos, dictados por jueces inescrupulosos que, inspirados en un interés específico, asumiendo una conducta antidemocrática y ostensiblemente ilegal, se atreven a emitir resoluciones impidiéndole al Congreso cumplir su labor legislativa, con la intención de evitar que determinadas leyes sean aprobadas en el Parlamento y promulgadas posteriormente.

Este atropello en que vienen incurriendo algunos jueces, en flagrante conducta prevaricadora, contradice precisamente el principio de independencia de poderes y específicamente viola el artículo 102 de la Constitución Política del Estado, que se refiere a las atribuciones del Congreso y, entre ellas, la de “dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes”. El texto constitucional no prevé en ninguno de sus artículos, la posibilidad de que un juez, mediante una acción de amparo, pueda dejar sin efecto una ley promulgada o anular un procedimiento legislativo, como en forma ilegal y escandalosa viene aconteciendo. El último caso suscitado en la presente semana, donde una juez supernumeraria, en seis horas, hizo todo, recibió la solicitud de la parte interesada por la mañana y por la tarde ya tenía lista la resolución que le ordenaba al Congreso suspender la ejecución de una ley, sin tomar en cuenta que ésta ya había sido publicada y por tanto nada puede neutralizar su ejecución. Cabe hacer notar que el único procedimiento que puede dejar sin efecto una ley es el previsto en la acción de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional, empero, deliberadamente se ignora esta figura para acudir a la acción de amparo, distorsionando sus originales objetivos.

Existe el temor de que estas acciones se vayan reproduciendo exponencialmente, hasta lograr que el Congreso de la República quede absolutamente subordinado a la voluntad de jueces inescrupulosos, afectando la democracia. Cabe la pregunta: ¿Lo permitirá el Poder Legislativo?

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