Presidenta Boluarte, escuche a la Defensoría, no al ministro de Salud

Presidenta Boluarte, escuche a la Defensoría, no al ministro de Salud

“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, reza una célebre frase, que como bien lo interpreta el matemático Jesús M. Landart: “Gente con buenas intenciones y poco conocimiento ha ocasionado un sinnúmero de desastres”, y esto es lo que pasaría si el Ejecutivo promulga una ley ya aprobada por el Congreso que supuestamente eliminaría en nuestro país, lo que un sector supone barreras burocráticas, llámese, el pasar por el filtro de supervisión de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) a medicamentos para pacientes oncológicos y de enfermedades raras o huérfanas, por lo cual su acceso adquiriría velocidad por el sólo mérito de acreditarse su registro en un país de alta vigilancia sanitaria y certificado de libre comercialización.

Por supuesto que debe merecer apoyo, toda norma o medida que impulse la inmediatez de acceso y compra de productos que sirvan para el tratamiento de dolencias tan delicadas con riesgo de muerte y a las que el Estado ha desatendido, así como al propio Sistema de Salud, cuya precariedad la padecemos todos, que fue desnudada trágicamente con la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante, el diablo está en los detalles, es imperativo extremar la revisión y vigilancia que garantice que medicinas, productos biológicos y dispositivos médicos objeto de la cuestionada autógrafa de ley, sean lo más inocuas posibles, esto es, que no presenten contraindicaciones que pongan en peligro la vida del paciente y más bien su uso sea altamente beneficioso para restituir o paliar una enfermedad, esto es, de elevada eficacia terapéutica.

Llama la atención, siendo que son muy pocas las cosas que logran altos consensos, el que organizaciones de la salud, gremios, entre ellos colegios profesionales como el Químico Farmacéutico y de Enfermeros del Perú, respectivamente, así como la propia Defensoría del Pueblo, se hayan unido en una sola voz para rechazar la promulgación de la citada norma, solicitándole a la jefa del Estado la observe y la regrese al Congreso, de donde se espera sean subsanadas sus lagunas u omisiones, caso contrario sea enviada la archivo. Los especialistas señalan que deben pasar por el control de calidad de la Digemid, incluirse fichas técnicas y la necesaria información de los productos, así como detalles imprescindibles como fechas de fabricación, expiración, condiciones de almacenajes, etc, como lo presentan las medicinas de circulación en el Perú.

Es incomprensible que el ministro de Salud, a la sazón galeno, se haya mostrado favorable a la pretendida ley, al extremo de haber dicho ante el Legislativo que la Digemid tiene 17 mil expedientes en espera, que hay medicinas (de calidad e innovadoras) para enfermedades raras que el Perú no cuenta …, en virtud de lo cual para el tremendo ministro la fórmula para que estas ingresen al país es saltarse los filtros de supervisión, en vez de enfocarse a redoblar esfuerzos para agilizar el trabajo de la citada Dirección General de Medicamentos que depende de su sector, del MINSA, corregir la flema de sus funcionarios o dotarles de logística y personal idóneo para que cumplan con inmediatez su trabajo que raya con el bienestar de la salud pública del país, pero no, opta por tomar atajos que arriesgarían la vida de nuestros pacientes.

Presidenta Dina Boluarte antes de tomar su avión a la China, observe la autógrafa de ley, nos debe garantizar el Derecho a la vida y la salud y el del acceso a la información del paciente. ¡En sus manos está!

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