El 28 de mayo del 2018 comenzó una larga pesadilla para el capitán de navío de la Armada venezolana, Luis de la Sotta Martínez, segundo comandante en la Bahía Turiambo, estado de Aragua, peruano de nacimiento y de padres también peruanos.

Ese oprobioso día ocho sujetos fuertemente armados ingresaron a su oficina, sin orden judicial, sacándolo esposado y con los ojos vendados, para trasladarlo a un lúgubre sótano de la Dirección de Inteligencia Militar en Caracas, a un cuarto sin luz, ventilación ni servicios higiénicos.

Según el dramático relato de su hermana, Molly de la Sotta, el oficial de Marina llegó con las muñecas desgarradas por la presión de los grilletes, agregando que “lo tiraron al piso y golpearon con palos. Cuatro hombres lo torturaron para que hablara del supuesto complot. Le colocaron una capucha y metieron gas lacrimógeno; le practicaron asfixia mecánica con bolsas plásticas”. Más adelante agrega que “estuvo 32 días sin salir de ahí, sin ver la luz, ni hablar con nadie. Le aplicaron tortura física y psicológica, diciéndole que iban hacer algo a la familia”.

En otro momento recuerda que la celda era “oscura, de paredes blancas, donde no hay luz y ni siquiera se podía ver las manos. Dormía y comía en el piso, como un animal, porque los alimentos los lanzaban al suelo, donde también hacía sus necesidades fisiológicas“.

Ahora De la Sotta se encuentra en peligro de muerte. Según familiares, “tiene diarrea crónica, que apareció luego de padecer de COVID-19. Además, cuando se estresa produce triglicéridos por lo que es necesario que un cardiólogo lo revise y haga una evaluación de su tensión. Necesita también un urólogo ya que sufre de cálculos” y, hace dos días, la valerosa defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, advirtió que el oficial “presenta paralización de los dos riñones y está muy delicado”.

A pesar de contar con la protección de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de que su caso se encuentra documentado en la ONU, en el Parlamento Europeo y en el Comité contra la Tortura, De la Sotta sufre tres años ese infamante cautiverio sin ser procesado, debido a que los militares togados han postergado su audiencia 56 veces porque no existen pruebas que lo comprometan en el delito de rebelión, junto a otros uniformados y a la lideresa María Corina Machado.

No es, lamentablemente, el único caso, porque al iniciarse el 2021 existen 354 presos políticos: 227 civiles y 127 miembros de las Fuerza Armadas y de la Policía Boliviarana imputados todos de conspiración.

Ante la evidencia de esos crímenes de lesa humanidad, indigna la pasividad de la burocrática Corte Penal Internacional, que desde hace años mantiene archivados centenares de pruebas sobre asesinatos y torturas cometidos por el régimen chavista. Esa inacción ha motivado que varios países (Perú, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina y Canadá), así como los comisionados de derechos humanos de la ONU, la OEA y de la Comunidad Europea demanden a la fiscalía de ese organismo supranacional iniciar las investigaciones. Sin embargo, la fiscal Fataou Bensouda, cuestionada personaje vinculada a líderes del régimen venezolano, mantiene los brazos cruzados y por ello podría ser imputada de complicidad con esos delitos.

Bien haría el presidente Francisco Sagasti en salvaguardar la vida de nuestro compatriota, el capitán de navío De La Sotta, gestionando su libertad a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y haría bien, igualmente, en ordenar la suspensión del pago de cuotas a una Corte Penal que blinda a delincuentes responsables de actos infames y degradantes contra cientos de seres humanos.