La observación de la Constitución y de las leyes es la primera obligación de quien ostenta el cargo de la Presidencia de la República. Sin embargo, esto no ocurrió en el primer acto del señor Francisco Sagasti, quien no solo transgredió la Carta Magna, sino también traicionó a la Policía Nacional del Perú (PNP). No resulta cierto su afán de refundación de esta institución con miras al Bicentenario o porque quiera acabar con la corrupción, esto ha sido un ataque certero de los eternos enemigos de la gloriosa institución, pues pesa sobre el presidente su ideología más que su obligación de gobernar a todos los peruanos sin condicionar el color ideológico. En un momento crítico, en el que se le tildaba falsamente de asesina a la PNP, el presidente tenía la obligación de respaldar las investigaciones y por ende a la institución que actuó en cumplimiento de su obligación de preservar y restablecer el orden frente a actos violentos. Pero hizo todo lo contrario, decapitó al alto comando sin consideración ni motivación alguna más que cumplir con designios fuera de la ley.

Tal vez pensó que bastaba ser el Presidente de la República, aunque sea de accidente, para cual dictador atentar contra la institucionalidad de la PNP sin que ocurra nada, pues sin congresistas que alcen su voz de protesta, nada pasará más allá de un ruido que la prensa sometida aplacará. Por otro lado, se impuso el honor, la dignidad y el amor a la institución en un acto sin precedente, pues el alto comando antes de ser defenestrado optó por la renuncia y la hizo pública para hacer oír la voz de rechazo de sus integrantes. No olvidemos que comenzaron las renuncias de los Jefes de las Regiones Policiales, que seguirían en funciones pero fieles a la defensa de su institución, le hacen llegar su rechazo al presidente Francisco Sagasti.