Nuevamente Perú perdería soberanía en caso el régimen Vizcarra suscriba el acuerdo Escazú promovido por las ONG a través de su centro de dominio llamado la Naciones Unidas. Es más, semejante menoscabo sobre nuestro territorio implicaría la pérdida del derecho fundamental a ejercer autonomía, independencia e imperio sobre lo que es de propiedad de los peruanos. Entre ello, el derecho del Estado nacional a asignarle a los espacios jurisdiccionales que nos pertenecen el destino que estime más conveniente para afianzar nuestro desarrollo económico como nación independiente y emancipada. En concreto nos referimos a la privación del derecho al señorío que nos compete para decidir lo que sea más conveniente -para los 32 millones de peruanos que somos, y no para el orbe entero- respecto a aquel territorio oriental del Perú llamado Amazonía, inmensamente rico en recursos naturales, incluidos los hidrocarburos y la minería.

De manera taimada, como suelen operar, las ONG de derechos humanos han venido haciendo su labor de zapa internacionalmente –bajo el paraguas de la ONU- al efecto de usurparle al Perú un territorio que le pertenece por derecho propio e internacional. El origen de esta conjura contra la potestad territorial estriba en la llamada Declaración de Río, de 2021, donde para trastocar la potestad histórica latinoamericana por la cual cada nación decide los destinos de su zona amazónica, de manera sibilina se habla de “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a la información ambiental y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Es decir, una soberanía compartida. Lo cual, al fin del día, es la antítesis de la soberanía. Es evidente que detrás de esta mascarada se ubican ciertos poderosísimos intereses trasnacionales, decididos a apropiarse del destino del bosque tropical más extenso del planeta –la Amazonía- usando como intermediario inválido a la ONU para adjudicarle a ésta el derecho a decidir sobre territorios que pertenecen -por orden de superficie en sus derechos sobre esa zona- a Brasil, Perú (ambos con la mayor extensión) seguidos por Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Guyana Francesa y Surinam.

Así el día 4 de marzo 2018, reunida en Escazú, Costa Rica, la ONU aprobó el llamado “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y Caribe”. Obviamente, el mismo nombre –prosopopéyico, como le gusta hacerlo, pretendiendo con ello imponerle una majestad vertical a sus acuerdos ante las partes involucradas- coloca contra las cuerdas a esos no siempre valientes funcionarios de las cancillerías latinoamericanas, provocándoles tembladeras antes de oponerse a estampar su firma a nombre –como correspondería en nuestro caso- de treinta y dos millones de ciudadanos. Cuidado, ministro Gustavo Meza Cuadra. No apruebe usted la rúbrica de semejante acuerdo violador de nuestra plena soberanía y profanador de la potestad territorial. Con ello estaría incurriendo en traición a sacros intereses, permitiendo la quiebra de nuestra inviolable circunscripción nacional.

Presidente Vizcarra, ¿permitirá usted semejante atentado territorial?