Primer mandamiento: no dañarás
Primer mandamiento: no dañarás
El 11 de julio del presente año, la Máster en Administración Pública Sandra Belaunde, hoy Ministra de la Producción, publicaba una columna de opinión en un diario nacional en la que comentaba que así como los médicos, en su juramento hipocrático, prometían en primer lugar no hacer daño, este ofrecimiento debería ser asumido también por los funcionarios públicos que crean normas en el Ejecutivo y el Legislativo. La actual titular de PRODUCE nos recordaba que las disposiciones legales pueden hacer tanto daño como bien, por lo que su análisis costo–beneficio reviste de gran importancia y debe considerarse si éstas logran el objetivo planteado, si alientan la formalidad o la informalidad y si tratan la raíz del problema o solo los síntomas. Pocas veces coincido tanto con un artículo periodístico como con el reseñado. Su autora tiene la oportunidad de ponerlo en práctica en la pesca y acuicultura, en las que el detrimento y el menoscabo producidos por algunas regulaciones han frenado su progreso, a pesar de las enormes ventajas comparativas que tenemos.
La pesca artesanal ha sido uno de los grupos del sector más afectados por una legislación muchas veces frondosa y contradictoria. A pesar de que son los pescadores quienes han pedido formalizar sus embarcaciones, han transcurrido más de 4 años y el Estado se ha encargado de complicarla, obstaculizarla y boicotearla con trámites engorrosos y hasta barreras burocráticas declaradas como tales por INDECOPI. Si no se toman acciones para culminar sumariamente este proceso, se va a fomentar la informalidad con sus efectos no deseados y no lograremos el objetivo planteado.
El Estado ha promulgado el Decreto Legislativo 1515 que pretendía aplicar beneficios tributarios a la acuicultura, pero realmente solo los adjudicaba por 2 años a la mediana y gran empresa. A diferencia de la agricultura que cuenta con 22 años ininterrumpidos, esta actividad ha sido permanentemente víctima de cambios de regla e inseguridad jurídica. A pesar de las grandes ventajas comparativas, las normas que se le han aplicado no cumplieron el objetivo, desalientan la asociatividad y no han tratado la raíz del problema. La señora Ministra deberá procurar que se apruebe el proyecto dictaminado por la Comisión de Economía del Congreso antes de fin de año, para que sea vigente en 2023 y para que la acuicultura no sea una de las tantas oportunidades perdidas de nuestro país.
La configuración de un Estado perseguidor y no promotor con sus dependencias fiscalizadoras, tributarias, ambientales, sanitarias, judiciales, etc., suelen solo obstaculizar y encarecer la operación de los pescadores artesanales y las empresas formales. Se acosa implacablemente y hasta se quiere considerar organización criminal a quienes están registrados, pero a los astilleros ilegales, plantas de secado al aire libre, procesadoras sin licencia, etc., a quienes se les ve actuar libremente, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Es obvio que con esto no se cumple el objetivo de una pesca sostenible, se alienta la ilegalidad y no hay raíces de problemas que se atiendan.
Podríamos hacer una extensa lista como la falta de infraestructura, vías de comunicación inapropiadas, competencia desleal de productos pesqueros importados, pesca ilegal de la flota china, sobrecostos, fletes marítimos excesivos, poca predictibilidad de las autoridades, débil presencia ante organismos regionales de ordenamiento pesquero y otros temas. Las medidas que se dan en estos campos, suelen ser contradictorias, ineficaces y dañinas; en un sector que no cuenta con una Política Nacional. La señora Ministra tiene la excepcional oportunidad de llevar sus conocimientos a la vida real. La esperamos.
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