Primera expropiación de Pedro Castillo

Primera expropiación de Pedro Castillo

Valiente mujer peruana, ciudadana y madre, Karina Reaño, salió a las redes sociales a cuestionar al presidente Castillo, al ministro de Vivienda (Geiner Alvarado) y a los funcionarios del Tribunal Administrativo de la Propiedad (Demetrio Rojas, Carlos Portocarrero, Ruth Castro, Tania Quiroz y Luis Molero) por haber concretado “la primera expropiación bajo el régimen del lápiz comunista”.

Señala la madre de familia de dos niñas, a las cuales se les arrebata su futuro desde la burocracia estatal izquierdista, que su esposo es heredero del sector Osorio de “Casas Huertas”, en el distrito de Surquillo, y que fue el velascato y su matonesco SINAMOS los que promovieron invasiones en el predio. Hoy, cincuenta años después, Castillo y sus funcionarios del Ministerio de Vivienda estarían concluyendo el despojo velasquista y la expropiación del predio de una decente y modesta familia provinciana (Ponce-Reaño), que en la década del cuarenta llegó a Lima a buscar trabajo y emprender, comprando una finca a los Marsano, pero tal parece que ni lo que está inscrito en Registros Públicos vale.

El caso es que en los años setenta, bajo una posesión promovida por la zurda marxista de entonces, y gracias a otros burócratas municipales de los años noventa del siglo pasado, se mantuvo en el tiempo la ocupación precaria acaso esperando que transcurran los años y aparezcan más posesionarios. Sin embargo, esta ciudadana -que ha pedido la ayuda de los demócratas y la opinión pública- confía en que el Poder Judicial rectifique y enmiende la plana al cuestionado Tribunal Administrativo de la Propiedad (TAP). Este caso (Exp. N° 2021-016-COFOPRI/TAP) merece un estudio jurídico, histórico y sociológico porque resume lo injusto de las medidas socializantes y populistas como las dictadas por la dictadura velasquista hasta llegar ahora a la nueva versión de despojo con el gobierno de Castillo.

Concluye la valiente ciudadana, a la que el Ministerio de la Mujer debería escuchar, señalando que, “pese a la arbitraria medida del gobierno de facto, posteriormente ninguna administración democrática y ningún partido político hicieron nada por resarcir a una familia con dos niñas pequeñas que ahora, debido al TAP, no tienen un techo para vivir dignamente, pues se les causó un daño irreparable; pero alerto al país sobre futuros despojos y expropiaciones. Me pregunto: ¿Existe realmente la seguridad jurídica o la inmoralidad pública seguirá mandando en el Perú?”

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