Vizcarra no podía ser la excepción. Siempre se vacuna primero a los roedores. El asunto es que este miserable se hizo vacunar a escondidas, delinquiendo junto a su esposa. Primero, porque se hizo inocular en palacio de Gobierno obligando acudir a ese recinto público a un médico, funcionario del Estado, de apellido Málaga, estando la vacuna todavía sin registro sanitario. Así que en ese instante cometió dos delitos. Abuso de autoridad –al forzar a un funcionario público a presentarse en palacio de gobierno para vacunar al presidente y a su mujer– y violación del Código Sanitario, al inocularse la vacuna sin que contase con la aprobación del Instituto de Salud. El hecho de hacerse inocular subrepticiamente con una vacuna que, en esos momentos, aún era propiedad de un proveedor del Estado con el cual Vizcarra estaba negociando un multimillonario contrato –“secreto”, como sostuvo su leal colaboradora la ministra Mazzetti– equivale penalmente a haberse favorecido con una recompensa, un regalo, una coima o como quiera llamársele. En una palabra, corrupción. Tanto al obtener una prebenda mientras Vizcarra negociaba a nombre del Estado, como por cometer abuso de poder –lo hizo con el médico Málaga– e inocularse con una sustancia no autorizada por el Estado. Es decir, una cadena de delitos. Dicho sea de paso, no interesa el valor de la vacuna para verse envuelto en delito de indebida negociación; suficiente la prohibición que existe para que los funcionarios públicos reciban donaciones de alguna contraparte del Estado con la cual estén finiquitando algún acuerdo.

De otro lado, este sujeto Vizcarra debió callarse la boca y no seguir ofendiendo al país queriendo defender lo indefendible. Suficientes afrentas ha cometido ya, humillando al pueblo y beneficiándose, secretamente, nada menos que con el derecho a la vida. El mayor don que pudiese obtener persona alguna. Vida facilitada por esa vacuna que se hicieron poner, él y su esposa, y que después se desentendió de todo esfuerzo para conseguírsela –en forma oportuna y en cantidades suficientes– para que se inmunicen 32’000,000 de compatriotas a quienes, públicamente, prometió que serían vacunados antes de finalizar 2020.

Por cierto, esta fabula inventada por Vizcarra ensayando vanamente una excusa para su crimen –alegar que él y su esposa “se sacrificaron”, como Daniel Alcídes Carrión, inoculándose la vacuna contra la covid-19 para ofrendar su vida por los peruanos, junto con once mil voluntarios que se prestaron a probar la vacuna china– es otra tomadura de pelo del sinvergüenza consuetudinario. Vizcarra y su mujer no estuvieron inscritos como voluntarios en un listado oficial del sector Salud; ni registrados en alguna ficha médica formal; y mucho menos provistos del protocolo necesario para la privacidad de datos. Como tampoco participaron en el sorteo aleatorio para colaborar en la “prueba” de la vacuna china. ¿O acaso “por casualidad” el felón y su mujer salieron sorteados? Si Dios es grande, este Parlamento debería ser capaz de organizar una seria comisión investigadora, provista de suficientes garantías para prohibir que un indeseable como Vizcarra participe en adelante como funcionario público.