El conflicto en el seno del Gobierno es por la asamblea constituyente. Pero los cambios constitucionales los hace el Congreso. Hacerlos por una constituyente, como quiere el partido de gobierno, está fuera del Estado de Derecho y la democracia.

Este ha sido el dilema que paraliza al presidente Castillo desde el primer día, también en Washington y Nueva York, y lo será hasta el último si no deja de lado ese falso problema. El ministro de Economía ha dicho que la constituyente no es parte del plan del gobierno. Es verdad. No fue mencionada en el discurso del premier al Congreso cuando la confianza. El partido ha respondido que “es una promesa de campaña”. ¿Cuál de estas realidades pesa más? El presidente se ha abstenido sistemáticamente de mencionar expresamente la constituyente en sus discursos, pero tampoco la descarta explícitamente. Ese es el precio del equilibrio imposible entre el gabinete y el partido.
Castillo sigue prisionero del dilema. Pero tendrá que tomar la decisión política.

El presidente no ignora ya que el conflicto puertas adentro sobre la constituyente ya es público y mina la legitimidad de su gobierno irremediablemente. Lo condena a la fragilidad política permanente. Sobrevivir sin decidir en medio de ese clima hostil solo es posible con el control de la prensa, de la administración de justicia y de la fuerza armada. Y eso no está a su alcance.

El partido, por su parte, recoge firmas para forzar la constituyente en la creencia de que con subsidios masivos del gobierno podrá voltear al interior del país en su favor. El premier emplaza así al MEF a entregar partidas a los gobiernos regionales y locales. La corrupción tradicional del subsidio a los medios de comunicación con avisaje del Estado no ha cesado, solo ha cambiado de dirección. Ya no irá a la prensa y la señal abierta de TV o de cable en Lima. Ahora irá a las radios y redes de provincias. El partido cree que esto hará inevitable la constituyente.

Para conseguirla, la narrativa en los medios afines es la acusación de centralismo contra la capital, un diagnóstico ideológico que solo produce remedios errados. La prueba es la corrupción masiva que atacó a los propios gobiernos regionales de izquierda. Hasta hoy la administración de justicia fracasa en separar la paja del trigo.

El hecho es que la regionalización ha sido un fracaso monumental, y la descentralización necesita ser rediseñada. Es una tarea que el gobierno debería emprender si quisiera cambios de verdad. Utilizar el prejuicio centralista, en cambio, para imponer la constituyente, en cambio, es un error político. Para comenzar, el pueblo no es tonto. Los medios reflejan la opinión, no la generan sino en poca medida. El objetivo político fracasará, pero dará paso a la corrupción de las regiones nuevamente. Es difícil que no lo sepa el partido de gobierno.

Todo lo que el partido propuso en la campaña se puede hacer sin una constituyente. Esta es innecesaria. Sacrificar el gobierno para conseguir la constituyente innecesaria es un despropósito sin sentido. Pero el dilema que aprisiona al presidente es un fantasma puramente mental, no existe en la realidad. Como diría Mao, es un tigre de papel.