El mal trabajo de fiscales y jueces atenta contra el Estado de derecho y la cultura de paz. Condenar a un inocente es lo más abominable que puede haber en una sociedad occidental y cristiana. Las nulas decisiones de la Fiscalía (de Huacaybamba – Huánuco) y las pésimas sentencias del Poder Judicial (de la Corte Superior de Justicia de Áncash) son actos de violencia contra ciudadanos inocentes, como es el caso del profesor Wilke Ferreol Rodríguez Espinoza.

En el mundo es casi un axioma saber que las investigaciones de la prensa van en avión y con vuelo seguro, mientras que las de la Fiscalía van a menos de 20 kilómetros por hora y por terrenos pedregosos, zigzagueantes o erráticos. Bajo ese contexto, también es un hecho que se ha desatado en el país –desde hace algún tiempo– una ola de denuncias falsas o venganzas contra profesores de las escuelas de educación inicial, primaria y secundaria.

Está bien que un padre de familia o alumno denuncie, pero cuando hay fundamento para ello y no por simple revanchismo, odio o antipatía, tal como se comprueba en los hechos respecto del profesor Ferreol Rodríguez, quien desde el 2013 pasa por un inimaginable vía crucis. Así lo informamos esta semana en los programas “Acción Educativa” (Radio Miraflores La Auténtica) y en la hora del Primo Koko (Radio del Sur). Estos medios han procedido sin prejuicios y sin esas falsas poses de los “políticamente correctos”, pues no siempre cuando un padre de familia denuncia actos contra el pudor ya dijo la verdad porque no tiene el don de la infalibilidad.

Además, las autoridades de la Institución Educativa N° 33230, los colegas profesores de Ferreol Rodríguez, la inmensa mayoría de padres de familia y ex alumnos (que en estos 8 años transcurridos ya son mayores de edad), han señalado que la acusación que se hizo contra este maestro de una zona rural fue por represalia y odio.

No obstante, quien procedió con prejuicios, parcialización y una mala investigación fue la Primera Fiscalía Provincial de Huacaybama, arrastrando a una serie de nulidades a la Fiscalía de Familia y a una psicóloga. Incluso otros padres de familia y ex alumnos han referido que los funcionarios del Ministerio Público les indujeron a realizar actos contrarios a la ley con tal de “empapelar” a un profesor inocente. Para remate el esposo de una fiscal trabaja en la Corte Superior de Áncash. ¿Qué dice el SUTEP de todo esto?

@RafaelRomeroVas