A lo largo de este año hemos podido ver como se ha agudizado lo que ya puede ser hasta considerado una condición crónica en nuestros políticos, sobretodo en aquellos que encontramos en el Congreso de la República. Se trata de legislar bajo la creencia de que la tinta, al ponerse en contacto con el papel, tiene el mágico poder de transformar la realidad.

La recientemente derogada ley de promoción agraria es expresión de esta tan dañina forma de concebir las políticas públicas. En ese caso se incurrió en el absurdo de eliminar la existencia de la ley laboral agraria, con la supuesta finalidad de combatir el incumplimiento de los derechos laborales que ella misma establecía.

O acaso este fuera solo el pretexto para reemplazarla por otra ley con requisitos aún más exigentes y que, contrario a lo que imaginan los magos de la Plaza Bolívar, tendrá como consecuencia que cientos de miles de trabajadores pierdan sus puestos de trabajo en empresas formales. Por supuesto, los informales que abusan de los trabajadores ni se inmutarán, pues son una realidad ajena a la fiscalización que no desaparecerá porque la nueva ley lo diga.

A esta ejemplar irresponsabilidad legislativa le podemos sumar que esta semana el Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que fija topes a las tasas de interés en el mercado financiero. Evidentemente, el efecto de esta ley no será que los créditos se vuelvan más baratos porque así lo quieren quienes plasman sus mejores deseos en una hoja de papel, sino todo lo contrario.

Gracias a esta ley, los emprendedores y personas de bajos ingresos quedarán excluidos de acceder a un préstamo formal. Al fijarse un máximo para las tasas, ahora sólo calificarán para créditos quienes representan bajo riesgo para los bancos, es decir, aquellos con más recursos. Así, pasamos de tener un mercado financiero que de por sí ya era excluyente, a tener uno más restrictivo aún.

Lo grave es que, además de agudizar los problemas que pretenden resolver, este tipo de medidas siempre terminan afectado a aquellos con menos recursos. Cientos de miles de trabajos formales se perderán gracias a la derogación del régimen agrario y miles de personas se verán forzadas a acceder a créditos informales, créditos que son abismalmente más caros que los que hoy se ofrecen en el mercado formal.

El diseño de políticas públicas no es como escribirle una carta a Santa Rosa y tirarla al pozo. Derogar la ley agraria no hará que desaparezcan la informalidad y los malos tratos de quienes incumplen la ley, ni fijar las tasas de interés hará que súbitamente todos puedan acceder a crédito barato.

Existen problemas complejos que tienen que ser atacados de manera inteligente. Las leyes deben ser diseñadas tomando en cuenta que hay realidades que no van a desaparecer por arte de magia. Si no dejamos atrás este infantil populismo legislativo y empezamos a plantear reformas serias, terminaremos de minar por completo la estabilidad y el desarrollo económico y social que tanto nos costó alcanzar.