Bajo la presidencia de Alfonso Bustamante Canny, un joven empresario sensato, y apoyado por un equipo técnico de primer nivel, la CONFIEP ha elaborado un enjundioso documento titulado “Propuestas para impulsar el crecimiento económico y bienestar del Perú”, el cual fue entregado al Gobierno de la señora Boluarte en julio pasado y se hizo público a nivel nacional.
Para la elaboración de este documento, la CONFIEP seguramente recibió las propuestas de los 23 gremios que la integran. El objetivo del documento es ofrecer sugerencias para el crecimiento ordenado del país, constituyendo una valiosa contribución a las políticas públicas, que deberían ser tomadas en cuenta por los gobernantes y por el Acuerdo Nacional, que parece estar de vacaciones.
Las propuestas mencionadas son más de ochenta, organizadas en tres ejes principales: el primero, sobre el “Cierre de brechas y aumento de la productividad”; el segundo, acerca de la “Lucha contra la inseguridad y generación de empleo”; y el tercero, relacionado con la “Competitividad y reformas políticas”.
El texto es sumamente práctico, ya que no se queda en conceptos teóricos, sino que presenta propuestas específicas y concretas. Se destacan la simplificación de trámites y procedimientos, la identificación de problemas que afectan a los emprendedores de todos los tamaños, y las soluciones propuestas por la CONFIEP, gremio que agrupa a múltiples sectores.
En la elaboración de estas propuestas, se estableció una metodología clara, teniendo en cuenta a los llamados “ninis”, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan, no por falta de voluntad, sino por la ausencia de oportunidades laborales o la imposibilidad de financiar su educación superior.
En el ámbito laboral, se critica con razón a las autoridades del sector Trabajo, en particular a SUNAFIL, debido a su actitud sancionadora en lugar de facilitadora. Además, se propone la derogación de algunas disposiciones del gobierno anterior, liderado por Pedro Castillo, cuyas políticas fueron perjudiciales. Esta medida podría ser fácilmente implementada por el actual gobierno, que afortunadamente ya ha corregido el rumbo del anterior.
Un punto relevante que se aborda en el documento es la paralización de un creciente número de obras públicas, lo cual podría resolverse si existiera una voluntad preventiva por parte de la Contraloría. Esta entidad, antes de sancionar, debería convocar a las partes en conflicto para un diálogo conciliatorio.
No coincido con todas las propuestas de la CONFIEP, como la creación de una “Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad”, cuando ya existe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además de otros organismos públicos que cumplen esas funciones.
Los partidos políticos, que hoy abundan, aunque muchos son solo clubes políticos, deberían estudiar este documento. Les ayudará a tener claridad sobre lo que el país necesita para generar empleo decente y formal, lo que indiscutiblemente contribuirá al bienestar colectivo. Sus planes de gobierno podrían enriquecerse con muchas de las propuestas contenidas en este valioso documento empresarial.

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