Lo que sucede en Venezuela es una tragedia para ese país y para la democracia internacional, que observa con impotencia el avance de una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, hace del fraude electoral un perverso sistema para mantenerse en el poder y acrecienta la catástrofe económica de un Estado fallido.

Las Naciones Unidas, en efecto, estiman que en la actualidad hay 5 millones 400 mil venezolanos en el exterior, un millón de ellos en el Perú. Pero ahora dicho organismo advierte que en 2021 el éxodo se incrementará en 3 millones adicionales, cifra que elevaría a más de 8 millones de personas que abandonan su patria; una cantidad que representa casi el 30% del total de la población.

Ante esta catástrofe humanitaria, la ONU demanda un presupuesto adicional de USD $1 400 millones para atender las necesidades básicas, en realidad de supervivencia, de venezolanos dispersos en 17 países de América Latina y el Caribe, aunque ese monto resultará insuficiente y difícil de conseguir por la pandemia universal que ha socavado los recursos de la cooperación.

La situación, asimismo, se torna inmanejable, cada vez más grave, porque la hiperinflación corroe su moneda local. Hoy, para comprar un dólar norteamericano se necesita un millón de bolívares, aunque los especialistas consideran que la cantidad real serían 100 millones, considerando que, desde el 2008, el régimen ha ido retirando o restando ceros a su moneda, según informa el diario El País. Ese medio de prensa agrega que, ahora, con el salario mínimo mensual “solo se compra un kilo de arroz” y que “el sueldo de un docente que inicia su carrera es de cuatro dólares”.

La empresa Ecoanálisis, por su parte, estima que a finales del 2020 la economía venezolana será 67.7% menor que en 1999, mientras expertos en asuntos económicos y organismos multilaterales de crédito coinciden en señalar que la única salida es a través de un cambio de gobierno, que abandone el modelo estatista del Socialismo del Siglo XXI, membrete que además ha cobijado dictaduras y corruptelas.

Solo a través de una diplomacia activa y nuevas estrategias de los 60 países que desconocen a Maduro y las fraudulentas elecciones parlamentarias, se podría recuperar la vida democrática en Venezuela.

Para hacerlo, hay que emplazar o persuadir a los protectores de esa hecatombe. Los conocemos: Rusia, China e Irán, que hacen negocios y respaldan diplomáticamente a Maduro; los regímenes de Nicaragua, Bolivia, Brasil y México, incapaces de condenar una dictadura rapaz y homicida; a los gobiernos que consagraron la impunidad, votando a favor que un representante de chavismo ocupe un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tres semanas después que la propia ONU presentó el lapidario Informe Bachelet dando cuenta de asesinatos, torturas y presos políticos; y, por supuesto, la Corte Penal Internacional, que desde hace años retiene documentos probatorios de crímenes de lesa humanidad y hasta hoy no envía un fiscal a indagar esas imputaciones.

La pregunta es: ¿podrán hacerlo; lo intentarán cuando menos ?