Desde ayer Lima Metropolitana inició un segundo confinamiento obligatorio debido a la gravedad del aumento de contagio y muertes por coronavirus. El anuncio de esta medida, que no ha estado exenta de idas, vueltas y traducciones, ha provocado duras críticas, sobre todo entre quienes aseguran que las cuarentenas severas no son un remedio eficaz pues no solo no detienen el virus sino que terminan de aniquilar la economía, sobre todo en países como el nuestro, donde la informalidad alcanza el 70%.

En marzo, el Perú inició una de las cuarentenas más severas del mundo, y desgraciadamente el resultado fue que nos ubicáramos como uno de los países con más muertes per cápita a nivel mundial y como el Estado más golpeado en su economía. Estamos aplicando la misma receta fallida esperando resultados distintos.

Algunos expertos, que no son escuchados, no se cansan de decir que una manera eficaz de evitar la propagación es aplicar pruebas moleculares masivamente, aislar al infectado y hacer un rastreo para detectar más contagios.

En este nuevo aislamiento social obligatorio muchos negocios están permitidos (además de los esenciales). Por ejemplo se permite a los restaurantes el servicio de delivery así como recojo en el establecimiento, lo que sin duda es una medida positiva.

Todo muy bien para aquellos que tienen empresas establecidas y se verán menos afectados, pero ¿qué pasa con aquellos informales que si no salen a trabajar no pueden llevar ingresos a sus hogares? “Si no trabajo no como”, es su respuesta.

A ello hay que añadir que serán precisamente estos pequeños comerciantes informales los que seguramente terminarán en los centros de detención que ha puesto en marcha el Gobierno. En esta nueva figura de detención creada por el Gobierno Morado, las personas que infrinjan las normas del confinamiento serán trasladadas a los 32 centros de retención y estarán ahí por un máximo de cuatro horas.

Sería bueno que los voceros del Ejecutivo nos expliquen en qué parte de la Constitución o de los Códigos Civil y Penal se encuentra esta nueva causal de detención. ¿Quién determina el traslado? Mucho por responder.

Es ante esta situación que se produjeron marchas de protesta contra el Gobierno Morado. La más concurrida fue la del sábado en la Plaza San Martín. Si nos atenemos a las recomendaciones del doctor Elmer Huerta de que salir a marchar no contagia, tal como lo señaló enfáticamente a propósito de las protestas de noviembre contra la vacancia a Vizcarra, no habría problema alguno. Pero sabemos que eso no es cierto, y la segunda ola se inicia en las movilizaciones de noviembre, cosa que ni la ministra de Salud Pilar Mazzetti ha podido negar enfáticamente.

Tenemos todo el derecho a protestar libremente pero no a contagiar. Si creemos que fue una imprudencia marchar en noviembre en plena pandemia y con el estado de emergencia sanitaria, no podemos alentar las marchas de ahora, de lo contrario estaríamos cayendo en el doble rasero que tanto criticamos. Coherencia.

Hay formas de protestar y dar ejemplo de responsabilidad. Agarra tu olla vacía y hazla sonar….por ejemplo.