Según la Constitución de 1993 y la normativa legal dictada en los noventa para el cabal funcionamiento del Sistema Electoral como son las leyes orgánicas de los tres entes electorales, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), además de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), corresponde al JNE, aparte de sus propias funciones, fiscalizar la legalidad de las principales tareas cumplidas por la ONPE y el Reniec.
Hasta el momento, el Sistema Electoral ha venido cumpliendo sus funciones con aparente normalidad.
Dentro de esa “normalidad”, el Sistema Electoral ha generado normas reglamentarias y criterios que hoy, sin embargo, son puestos en cuestión frente a una realidad que desafía su consistencia.
Hoy estamos en una disyuntiva entre el sistema y el antisistema y peor aún, frente a indicios abundantes de un plan para sustituir la voluntad popular.
Frente a ello, resultan vacíos de contenido normas reglamentarias y criterios que ha venido aplicando sobre todo el JNE.
Tal es el caso del plazo de tres días contados desde el día siguiente de la elección para plantear la nulidad de la votación en mesa electoral (Artículo 2°, numeral 2) de la Resolución 0086-2018-JNE), cuando la LOE, norma que debe ser preferida frente a la primera, dispone y supone que la nulidad parcial y total de una elección tiene como límite tres días después de la proclamación de los resultados (Artículos 363° y 367° de la LOE).
Es obvio que resulta imposible que en sólo tres días siguientes de la elección se puedan examinar 86 mil mesas de sufragio. Peor aún, cuando hay indicios de múltiples casos de falsificación de firmas de los miembros de mesa por suplantación de los mismos.
Igualmente, el criterio de que casos de nulidad de la votación en mesa de sufragio (Artículo 363°, inciso b) de la LOE), por hechos que también tienen naturaleza penal como el fraude, cohecho, soborno, requieran previo pronunciamiento de Poder Judicial.
No es admisible que el Sistema Electoral renuncie a su propio fuero para determinar si existe o no falsificación de firmas por obvia suplantación de un miembro de mesa de sufragio, cuando es sede de justicia electoral y la propia Constitución (Artículo 203°, inciso 6) y el Artículo 6° de la Ley 26300 le asignan a la autoridad electoral la tarea de comprobar y verificar firmas en materia de acción de inconstitucionalidad y de iniciativa legislativa, la cual puede cumplir a partir del registro de identificación ciudadana a cargo del Reniec.

Para más información, adquiere nuestra versión impresa o suscríbete a nuestra versión digital AQUÍ.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter Instagram.