La noche del último sábado, el distrito limeño de Los Olivos se tiñó de sangre: 13 personas (12 mujeres y 1 hombre) perdieron la vida asfixiadas, cuando intentaban huir de una intervención policial en una fiesta clandestina, que congregó a más de 120 personas en pleno estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus. La estampida, dice la versión de la PNP, provocó que la única puerta de salida –que se abría para adentro– quede cerrada. Sin embargo no se descarta que alguien haya cerrado la puerta intencionalmente. ¿Quién lo habría hecho? Por lo pronto, el ministro del Interior, Jorge Montoya, ha dicho que la Policía investiga internamente los detalles de la operación. Los efectivos cumplieron con su labor, pues los asistentes a la celebración estaban violando la ley, pero, al ocurrir una tragedia, es urgente que se indague para advertir si existieron errores en el operativo.

Lo que preliminarmente podemos afirmar desde este espacio es que los principales responsables, además de, por supuesto, los que fueron a la discoteca Thomas Restobar, son los dueños del local y promotores del evento. Tendrán que asumir una denuncia por homicidio y, eventualmente, terminar presos.

Asistir a este tipo de fiestas clandestinas es firmar prácticamente una sentencia de muerte: de los 13 fallecidos, 11 dieron positivo para coronavirus; y, de los 23 detenidos, 15 estaban infectados, según las pruebas rápidas a las que fueron sometidos. Los jóvenes fiesteros no solo corrían riesgo de terminar detenidos, sino de desperdigar el virus en sus familias. Su irresponsabilidad; no obstante, no puede significar que “están bien muertos”, como han escrito algunos tuiteritos indolentes. Nadie, así se trate de personas con antecedentes penales, merece morir de esa forma.

Tampoco se le puede endilgar los fallecidos al presidente Martín Vizcarra, como vienen haciendo los dizque opositores políticos, que vilmente aprovechan la fatalidad para jalar agua para su molino. No se puede jugar así con la muerte, y menos en medio de una pandemia donde a diario cientos de connacionales dan su último aliento.

Diferente es la situación del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, quien recién se enteró de lo ocurrido a las 4 a.m. del domingo, por la evidente falta de fiscalización de su gestión. Vecinos cuentan que oían música proveniente del local desde hace varias semanas. Incluso, el local solo tenía permiso para operar como fábrica textil y de calzado. No se trata, pues, de una mera “responsabilidad sentimental”, como arguye Castillo.

Que la trágica muerte de los jóvenes sirva para que los municipios y la PNP trabajen de la mano y eviten que estas fiestas ilegales se sigan celebrando: basta recurrir a las redes sociales, pero para ello se necesita inteligencia. Y que las investigaciones lleguen a identificar a todos los responsables.