Hace cerca de 30 años años escribí un artículo con este mismo título en circunstancias diferentes de las actuales. En ese momento se encontraba fresco el autogolpe del 5 de abril de 1992 y las fuerzas democráticas luchaban contra el creciente autoritarismo de Alberto Fujimori sin perjuicio de combatir al terrorismo de Sendero Luminoso.

En septiembre de 1992 el gobierno de Fujimori a través del GEIN, capturó a Abimael Guzmán Reinoso y su cúpula terrorista.

El gobierno exploró la mejor forma de juzgarlos sin violar las garantías del debido proceso e, igualmente, buscó la forma más acertada de regresar a un régimen constitucional para salir del aislamiento internacional. La solución fue el llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD) electo a fines de 1992 con la participación de todas las fuerzas políticas, izquierda incluida, con la excepción de Acción Popular y el Apra.

El resultado es conocido. El CCD aprobó una nueva Constitución vigente a partir del 31 de diciembre de 1993, que sustituyó a la de 1979, con algunos cambios en la estructura política del Estado, reflejado en un Congreso unicameral.

Igualmente estableció con mayor claridad que la anterior, un régimen de economía social de mercado, enfatizando el rol principal del Estado en el ámbito del bienestar. Pero en aspectos concernientes a los derechos humanos y garantías fundamentales de las personas, la Carta de 1993, fue para efectos prácticos una copia literal de la anterior.

Desde entonces la Constitución de 1993 ha sido modificada no menos de 34 veces, en ciertos aspectos claves como la no reelección inmediata del Presidente de la República.

El gobierno del presidente Castillo tiene como objetivo fundamental convocar a una Asamblea Constituyente, de origen parcialmente democrático, por la inclusión en un 40% de gremios y grupos ajenos al voto ciudadano.

El propósito de dicha Asamblea es alejarnos de la democracia e instaurar una dictadura socialista, con el pretexto que el régimen constitucional vigente no garantiza a plenitud los derechos del pueblo. Resulta claro entonces, que semejante Constitución llevaría al Perú a un sistema dictatorial de carácter marxista, que nos privaría de nuestros derechos fundamentales en los ámbitos políticos y económicos.

La Constitución en cualquier parte del mundo no hace milagros ni genera riqueza para el pueblo. Lo que sí hace es crear las condiciones para que la población viva en paz, ejerza sus derechos políticos, civiles y económicos, e igualmente, se defienda de una autoridad opresora que esclaviza a los ciudadanos. Eso ocurre hoy en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que sufren el mayor nivel de pobreza del continente americano por la expresa voluntad de sus tiránicos regímenes. Impidamos que eso pase en el Perú con la mentira que una nueva Constitución otorgará más derechos de los que gozamos ahora.

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