El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad, contra una disposición del Decreto Legislativo 1421 que regula el plazo de prescripción para que Sunat reclame el cobro de un tributo. El tribuno Blume presentó la ponencia a favor de la demanda. Con ello enervó la posición de Sunat, dificultándole el cobro de algo más de S/10,000 millones por deudas tributarias con fecha de pago vencida, correspondientes a 158 empresas que adeudan al Fisco dicho importe. 26 de ellas habían solicitado la prescripción del adeudo dentro del plazo establecido por el Decreto Legislativo 1421, promulgado por este gobierno a fines de 2018. Dispositivo que precisa la manera de calcular el plazo de cuatro años que tiene Sunat para cobrar nuestros impuestos. Hecho relevante que no tomó en consideración el TC es que el decreto de marras no fue aprobado por el Congreso, y éste tampoco delegó al poder Ejecutivo facultades extraordinarias para hacerlo. Según el contenido de la demanda, el Colegio de Abogados de La Libertad considera inconstitucional la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421, que le permite a Sunat el cobro de adeudos tributarios ya prescritos. En ese extremo el tribuno Ernesto Blume estuvo de acuerdo, validando que a partir de 2007 la cuantificación del adeudo por impuestos y la demanda de su pago prescribe al cuarto año de cerrado el Ejercicio y presentada la declaración jurada. Mientras Sunat insiste en que el plazo recién empieza en la fecha de notificación de cualquier adeudo al contribuyente.

Sin embargo, como suele ocurrir con este TC, el Estado acabó sacando ventajas de donde no debió: a expensas del contribuyente. El Código Tributario indica que el pago de tributos solamente podrá reeclamarlo Sunat si no ha prescrito el cuarto año de presentada la declaración. Se supone entonces que ese plazo empieza el año en que el contributente declara su renta, dando cuenta de los ingresos que originan el tributo correspondiente. No a partir de cuando a Sunat se le ocurra notificárselo, agregándole intereses agiotistas, más multas y recargos. Resulta incordiante que la administradora tributaria aguarde a que venza el plazo de cuatro años para, recién entonces, notificarle al contribuyente las observaciones que se le ocurran. Aquello genera una inseguridad jurídica manifiesta. Incluso eventualmente direccionada. Esto espanta al inversionista. Con más razón, si la génesis de esta mala praxis es por ineficacia de Sunat como ente tributario. Lacra que el Estado que no puede ni debe trasladársela al contribuyente. Por cierto, sobre este fallo del TC cabría accionar frente al fuero transnacional, reclamando su inconstutucionalidad. Recordemos que la Carta tan sólo faculta al Congreso a legislar sobre materia tributaria. O, en caso extremo, si éste delega de modo expreso dicha facultad al Ejecutivo. ¡Cosa que no ocurrió!
Los tribunos que votaron al unísono favoreciendo lo que exigía este régimen fueron Espinosa, Miranda, Ramos y Ledesma. El magistrado Sardón se abstuvo –por conflicto de intereses- y en contra resolvieron Blume y Ferrero.