La democracia tiene que ser sinónimo de eficiencia en todos los niveles de gobierno, y el municipal no debería ser la excepción. En esta columna, el pasado 23 de mayo, hicimos un planteamiento para que los candidatos presidenciales –Keiko Fujimori y Pedro Castillo- se preocuparan del problema nacional del tráfico de tierras, debiendo presentar propuestas de solución.

Sólo la candidata de Fuerza Popular tuvo las cosas más claras y procedió a presentar alternativas contra el negociado de terrenos, y lo hizo especialmente durante el debate del domingo 30 de mayo. No obstante, modestamente, desde esta columna también se planteó que se implementara un plan piloto con el concurso de las instituciones públicas directamente vinculadas al problema y no sólo se dejara todo en manos de Cofopri, ya que esta entidad a lo largo de su existencia ha cometido fallos clamorosos y algunos de sus funcionarios fueron seriamente cuestionados.

Ese plan piloto para la solución de conflictos, causados por el tráfico de tierras, podría concretarse en el distrito de Pachacamac, y especialmente en Manchay, para luego sacar conclusiones viables desde esa experiencia a fin de profundizar en la problemática y trasladarla -en sus líneas maestras- a otras circunscripciones de la República. Las instituciones llamadas a intervenir son Bienes Nacionales, Municipalidad de Pachacamac, Mininter (Policía Nacional), Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Fiscalía, Poder Judicial, Colegio de Notarios de Lima, Ministerio de Vivienda (Cofopri), un veedor de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y Defensoría del Pueblo.

Mientras más luces se ponga y más funcionarios vigilantes existan, será mucho mejor para romper las argollas que se hayan formado en los distritos del país con la delictiva participación de malos servidores del Estado y sus familiares. En efecto, los propios ciudadanos de Pachacamac, por ejemplo, claman urgentemente que se ponga todos los reflectores sobre la municipalidad de su distrito, porque están cansados que pasen alcaldes –uno tras otro- y que el problema del tráfico de tierras permanezca, o se agrave en lugar de encontrar soluciones.

Finalmente, ante la falta de alternativas concretas se empeoran los conflictos sociales y se traba el sano desarrollo de la comunidad, por eso es oportuno reiterar que el primer peldaño de democracia, que no es otro que el gobierno local debe garantizar una gestión edil enmarcada en la legitimidad ciudadana y en la transparencia del servicio al vecino, de forma absolutamente incorruptible.

@RafaelRomeroVas