Durante los últimos días varios personajes de la política peruana han opinado que nuestra norma fundamental tiene que ser reformada para resolver los graves problemas que están afectando la institucionalidad y necesidades imperantes en nuestro país. Sin embargo, pasan por alto que durante sus veintisiete años de vigencia ella ya ha tenido algunas reformas importantes. Algunas de estas residen en aspectos orgánicos, como la no reelección presidencial inmediata, el número de integrantes del Parlamento, la iniciativa legislativa y la potestad tributaria para gobiernos regionales, el plazo de renuncia de ciertos funcionarios que postulen en elecciones generales, la sustentación ministerial de la ejecución del presupuesto, entre otros. También han sido reformados aspectos sustanciales, es decir, que han afectado u optimizado derechos fundamentales, como el reconocimiento del voto a los miembros de las fuerzas armadas y policiales, la extensión del plazo de detención policial e inclusión del plazo estrictamente necesario o la imprescriptibilidad de delitos contra la Administración Pública.

Sin embargo, pese a las bondades de estas reformas, parece que ciertos sectores de la sociedad aún no están satisfechos. A tal punto ha llegado su grado de insatisfacción, que ahora han puesto en debate una reforma constitucional que plantea incluir expresamente el reconocimiento de temas sobre modalidades de familia, consulta previa o derechos colectivos sobre los que ya existe jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Asimismo, se ha planteado la desaparición de algunas instituciones -como la Defensoría del Pueblo- señalando que ya existen órganos especiales de regulación y control. También, la aparición de otras relacionadas al control y gobierno del Poder Judicial y el Ministerio Público. Y, finalmente, modificaciones relacionadas a reconocer expresamente nuevos derechos fundamentales, el control de constitucionalidad previo y la inconstitucionalidad por omisión. Y siguen firmas.

Desde nuestro punto de vista, una reforma constitucional en medio de una frondosa e inorgánica legislación no implicará un cambio inmediato ni mucho menos una solución a los problemas de la ciudadanía, máxime si esa legislación también tendrá que ser modificada o abrogada a futuro por causa del desarrollo legal de los cambios constitucionales. En nuestro país se ha vuelto costumbre celebrar reformas constitucionales que no siempre han sido efectivas, siendo un ejemplo de ello, la imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración Pública, que hasta ahora no tiene desarrollo legal.

En el actual estado de inseguridad en el que vivimos y en el que somos testigos de permanentes conflictos socio-políticos y la incapacidad de convocar y consensuar, una reforma constitucional de una dimensión mayor de la que se ha estado planteando podría significar la oportunidad de “algunos” para imponer cambios que solo respondan a sus intereses, pero no a los del país. Como dice un fragmento de la letra del popular tango argentino “Cambalache”, parece ser que lo que hacen estos “algunos” es un despliegue de maldad insolente / ya no hay quien lo niegue / Vivimos revolcaos en un merengue / y en mismo lodo / todos manoseaos.