Cuando se presentó en el Pleno del Parlamento para defenderse ante el segundo pedido de vacancia en su contra, el expresidente Martín Vizcarra argumentó que los legisladores no estaban moralmente habilitados para destituirlo, pues 68 de estos tenían investigaciones fiscales -la mayoría de ellas archivadas- pendientes. “Se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar su cargo por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, cuestionó Vizcarra provocando la inmediata indignación de la mayoría de miembros de la representación nacional, los que optaron por destituirlo con 105 votos. La vacancia de Vizcarra fue constitucional y no un golpe de Estado, como bien explicó el magistrado José Luis Sardón a EXPRESO.

Pero ahora resulta que Martín Vizcarra, sobre quien pesan sendas pesquisas fiscales por los casos ‘Club de la Construcción’ y ‘Richard Swing’, además de una orden de impedimento de salida del país, pretende con descaro postular al Congreso -de la mano con su socio (y felón como él) Daniel Salaverry- en las próximas elecciones del 2021. Esta intención no solo revela la poca honorabilidad del exmandatario moqueguano (¿de cuándo acá un presidente baja de rango para tentar una curul?), sino que queda al descubierto su plan para blindarse con la inmunidad parlamentaria, la misma que, paradójicamente, tanto riñó desde que llegó a Palacio de Gobierno tras traicionar a PPK. De ser Vizcarra elegido congresista, el Poder Judicial tendría que pedirle permiso al Congreso para ejecutar alguna sentencia que implique su arresto. Y esto último está a la vuelta de la esquina, tomando en cuenta que hasta 6 aspirantes a colaboradores eficaces -entre coimeadores e intermediarios- han declarado al fiscal Germán Juárez Atoche que el vacado exjefe de Estado recibió unos S/2’300,000 en sobornos de las compañías ICCGSA y Obrainsa, a cambio de proyectos como Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

Desde esta pequeña columna invoco a que los de la “generación equivocada” muestren su furibunda indignación a través de las redes sociales. (No destruyan más el ornato público, que ya bastante daño han hecho). ¿Por qué no crean un hashtag como lo hicieron con el fugaz expresidente Manuel Merino, a quien calificaron de usurpador, para protestar que un cuasi corrupto quiera llegar al Congreso? Si no lo hacen, solo confirmaría lo que muchos -todavía- pensamos: marcharon -azuzados por la prensa palaciega y políticos arribistas- para evitar que se vaya su corrupto favorito, y no contra TODA la corrupción venga de donde venga.

No quiero terminar esta columna sin antes preguntarme: ¿alguien sabe si los congresistas moraditos Alberto de Belaunde y Daniel Olivares siguen buscando a los desaparecidos en las manifestaciones que nunca desaparecieron? Este inefable par debería pedir disculpas por inocular ‘fake news’ en sus fans tiktokeros.