¡Qué vergüenza!; quieren terminar con la democracia representativa

¡Qué vergüenza!; quieren terminar con la democracia representativa

Las últimas decisiones de producción legislativas y de reformas constitucionales de nuestro Congreso, han merecido un inocultable rechazo de la ciudadanía, al haberse aprobado desconociendo la opinión y sentir de la población nacional, la cual se ha dado cuenta que han primado los intereses personales y de partido, en lugar de hacer prevalecer el interés general.

La democracia, no solo como forma de gobierno sino como forma de vida política, implica que su funcionamiento se oriente a ser, además de participativa e inclusiva, fundamentalmente representativa; es decir, que los detentadores del poder lo ejercen en nombre y representación de sus electores, quienes son los que le van a dar legitimidad a la calificación de sus decisiones.

Es tan evidente esta realidad que pinta de cuerpo entero la conducta y comportamiento de los que tienen en sus manos normar y regular el actuar de los gobernados y gobernantes que, analizar la forma cómo se ha procedido para retornar a la bicameralidad, sobre la cual estamos de acuerdo (pero, no de la forma cómo se ha decidido), nos lleva a confirmar que la voluntad ciudadana es lo último que se ha tomado en consideración para decidir políticamente. Pues, por decirlo de alguna forma, ha sido tan “grosera” la rápida y violenta aprobación de la revitalización del Senado que, a los pocos días después de aprobarse la reforma constitucional, ya se esté considerando la posibilidad de aumentar el número de integrantes del Parlamento Nacional. Lo cual significa que su implementación estuvo totalmente carente de un estudio técnico responsable.

En cambio, lo que debió haber merecido, desde hace mucho tiempo, una rápida reacción parlamentaria, con miras a sanear los procesos electorales, asegurando en alguna medida la calidad, idoneidad y conducta de los postulantes, poco o nada preocupó a los congresistas, quienes han decidido que el tema de la prohibición para que no puedan postular los condenados por algunos delitos dolosos “será para verlo en otra oportunidad”. Y, de esa forma, todavía están habilitados para postular todos los sentenciados que hayan cumplido su condena.

Por cierto, que el “entrampamiento congresal” se produjo en la discusión de “¿qué delitos dolosos eran los que podrían impedir postular? Y, a este respecto, fueron los “cálculos personales” los que terminaron por evitar a que se llegue a un acuerdo multipartidario responsable. De haberse actuado en atención a lo que de seguro la ciudadanía desea, como era lo lógico y necesario si se quiere fortalecer nuestra democracia limpiándola de los “malos elementos”, se debió de haber decidió que todos los que han cometido delitos dolosos (sin excepción) debían estar impedidos de postular a un cargo de elección popular.

Si los representantes en el Congreso siguen comportándose como lo vienen haciendo, se convertirán en “sepultureros de nuestra democracia representativa”, y nosotros nos convertiremos en víctimas de nuestros propios errores a la hora de votar.

En consecuencia, y considerando que no podemos quedarnos con únicamente hacer un diagnóstico de la realidad existente, sino también plantear recomendaciones para mejorarla, ya es hora de recordar que, así como “el pueblo tiene el derecho de dar poder, tiene también el derecho de quitárselo a quien se lo dio, sino ha satisfecho sus expectativas”. Es decir, el derecho de revocatoria como un mecanismo de control directo del poder, por parte de la ciudadanía, debería implementarse en nuestro sistema constitucional, para ser aplicable contra todas las autoridades electas a nivel nacional, como ya la tenemos establecida en los niveles regional y municipal.

¿Serán capaces de plantear esta propuesta los actuales parlamentarios? No lo creo, o lo dudo. Ojalá que me equivoque.

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