Mañana el país decidirá si mantenemos nuestro sistema democrático, débil e imperfecto, o nos deslizamos hacia uno totalitario que inevitablemente conducirá al Perú hacia el modelo del socialismo del siglo XXI, que lidera Venezuela, país que registra los mayores índices de pobreza, delincuencia y atraso del hemisferio, a tal nivel que siete millones de personas han tenido que emigrar.

Solo hay, en consecuencia, en estas dramáticas horas de definición, dos opciones: democracia o comunismo, que se traduce en votar por la señora Keiko Fujimori o por Pedro Castillo.

Ciertamente el actual modelo del Estado constitucional de derecho no satisface y debe reformarse. Comenzando por garantizar la independencia funcional y la eficiencia de los poderes públicos. No es posible, en efecto, que se registren mil jueces provisionales sobre 3,300 o 2,600 fiscales sobre 6,500, según estadística de la Junta Nacional de Justicia. Esa provisionalidad explica muchas resoluciones ilegales o disparatadas y que se encuentren sin resolver 3 millones 300 mil expedientes. Pero el país también reclama conducta seria y apolítica a los togados, algunos de los cuales declaran constantemente en medios de prensa sobre procesos en marcha y se les imputa la “filtración” ilegal de conversaciones o documentos de carpetas reservadas, así como abuso en ordenar detenciones preliminares para investigaciones que duran años.

Los peruanos igualmente exigen no más gastos improductivos. Invertir seis mil millones de dólares en modernizar la refinería de Talara o una suma parecida en la Linea 2 del metro, que pudo hacerse a menor costo, ha sido despilfarrar dinero público. A lo dicho debemos agregar que todos los años retornan a la caja fiscal grandes sumas asignadas para inversiones, que demuestra la muy graves limitaciones en la gestión pública. El 2020, en efecto, no se utilizaron 20 mil millones y 18 624 el año anterior; es decir, un 63%, que hubiera servido para sacar adelante la construcción de hospitales, colegios o carreteras, más aún cuando conocemos que -según el Ministerio de Salud- durante la pandemia aumentaron de 51% a 96 % los nosocomios que funcionan inadecuadamente, y de 247 existentes 236 tienen problemas de infraestructura, equipos obsoletos y un déficit de 24 mil médicos.

Reformar el Estado para que funcione bien, sin corrupción ni clientelaje, debe ser eje de un gobierno de unidad y concertación, tarea que debemos hacerla en democracia, no teniendo como referencia un régimen como el de Caracas, país donde el salario mínimo es US$ 2.40, mientras en el Perú alcanza US$ 240; es decir, un trabajador peruano gana 100 veces más que uno de Venezuela que, además, debe sufrir escasez de alimentos, medicinas y hasta gasolina.

Proyectar esa cifra es suficiente para darnos cuenta del abismo entre una economía social de mercado -que requiere urgentes reformas con proyección social – y una economía estatista que se apoya en una dictadura corrupta y genocida.

¿Queremos avanzar en democracia o queremos retroceder en un régimen autoritario?, son las opciones que decidirán los ciudadanos con su voto, comprometiendo el destino de las actuales y nuevas generaciones.