Con el inicio del 2021, empieza también el proceso de seducción al votante peruano a cargo de los candidatos a la presidencia de la República y los casi dos mil quinientos aspirantes al Congreso Nacional. Los respectivos equipos de campaña afinan estrategias, movilizan a sus bases, convocan a expertos propios o extranjeros en materia electoral, definen el lema cohesionante que identificará los mensajes del partido y empiezan a golpear o caricaturizar a los rivales con más aprontes. Nada nuevo bajo el sol.

Lo único singular es que la normatividad vigente restringe la compra de espacios publicitarios en radio y televisión, permitiendo únicamente el uso de la denominada Franja Electoral sufragada por el Estado y distribuida en igualdad de condiciones a los postulantes. Una medida razonable para acabar de una vez con las campañas millonarias desequilibrantes, ostentosas y groseras, apuntaladas por poderosos sectores económicos formales e informales. Asimismo habrá en esta oportunidad una mayor capacidad fiscalizadora de la ONPE en torno al financiamiento de dichas campañas.

Bajo esta premisa, la propaganda virtual o visual a través de paneles callejeros, volantes y muros pintarrajeados destacará con ahínco. Todo el ingenio o la baja estofa empleados para la caza de votos, se reflejará en las redes sociales.

Pese a la experiencia acumulada los últimos años, sorprende todavía el maniqueísmo con el cual muchos interpretan la elección de un jefe de Estado y la ingenuidad con que algunos atribuyen al relajo de los electores la mala composición de los congresos. Entender ambos procesos políticos requiere grados supinos de realismo y menos aprehensiones esotéricas.

Primero, deben desmenuzarse los factores que han hecho de un respetable número de ciudadanos sufragantes el vehículo del voto por negación en el mando supremo del país. Es decir, los que aseguran el triunfo de un llamado “mal menor” (dependiendo de quién reciba el bautizo de “mal mayor” y de quiénes así lo cataloguen) solo por oponerse a otro candidato. Es lo que hemos visto desde el 2001 a la fecha.

Segundo, tomar conciencia de lo persistente que es el voto-arrastre, donde el coche presidencial jala siempre los trenes parlamentarios. El hecho que no haya podido cambiarse la ley para pasar la elección del legislativo a la segunda vuelta (y así procurarle al ganador la solvencia de una bancada propia, sin atomizar la representación) implica que aún tendremos el riesgo de padecer los desencuentros entre los palacios de gobierno y de la plaza Bolívar.

Tercero, cabe mirar con lupa el acceso a la cámara única de los personeros de intereses fácticos, tal como lo hemos visto en el presente Congreso. Informalidad e ilegalidad ya tienen las botas puestas para ganar más espacios de poder. Y están en todos los partidos. Es una verdad monda y lironda.