La caleta de El Ñuro es una de las llamadas “Joyas de Piura” con playas de ensueño y un variopinto ecosistema, cuyos veleros ancestrales son Patrimonio Cultural Inmaterial del Perú. Los pescadores artesanales de esta localidad decidieron mantenerse en confinamiento voluntario por la pandemia del COVID-19, desde marzo hasta fines de mayo de 2020. Tras esa fecha, sin ahorros, sin provisiones y sin recibir el cacareado bono; optaron por salir a la mar en busca del sustento para sus familias. El Estado no los divisaba, no se interesaba por ellos. Eran invisibles.

En junio continuaban los problemas para estos aguerridos hombres curtidos por el sol. Algunos fallecieron por la enfermedad y los comercializadores rehusaban apersonarse a su desembarcadero, por los riesgos para la vida que suponía hacerlo. Entonces decidieron contratar un camión refrigerado para llevar su producto a los mercados. En julio de 2020, ese vehículo que contenía 3,500 Kilogramos de pescado, fue detenido en un puesto de control ubicado en el Kilómetro 820 de la Panamericana Norte, distrito de Mórrope, Lambayeque. El recurso hidrobiológico provenía de El Ñuro. Fiscalizadores del Ministerio de la Producción detectaron que 43 Kilogramos correspondían a la especie perico, recurso en veda desde mayo hasta septiembre cada año. Su valor comercial era inferior a 200 soles.

La Fiscalía correspondiente denunció delito contra los recursos naturales, afirmó que el vehículo era un instrumento de la actividad ilícita de especies acuáticas, y exigió la extinción de dominio de éste y su adjudicación al Estado. El Juzgado Especializado de Lambayeque con inusitada celeridad, a los 6 meses (el 12 de febrero del corriente), le concedió la razón y sentenció confirmando la pretensión. Los pescadores dejaron de ser invisibles solo para ser sancionados y acusados de mala fe. Hoy a su pobreza, le deben sumar la deuda de un camión que les fue prestado.

Nadie deja de reconocer que las vedas, las medidas de ordenamiento y de conservación deben cumplirse para preservar nuestra biodiversidad, y que los delitos deben penarse. Sin embargo, resulta patente que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad o racionalidad, que tiene como objetivo la primacía de los derechos constitucionales sobre la excesiva punición; es decir, su finalidad consiste en la interdicción de la desmesurada represión por parte del Estado. El penalista Luis Castillo Córdova, señala que la proporcionalidad trata de determinar si existe una relación de equilibrio, o de adecuada correspondencia, entre la restricción que llega a sufrir un derecho constitucional y la conservación de un bien o interés público.

En nuestro amado Perú, cada año se procesan ilegalmente en plantas clandestinas millones de Kilogramos de pescado, con pleno conocimiento del Estado y sin castigo alguno. Flotas denunciadas mundialmente nos roban más de 50 millones de Kilogramos de pota cada año y todavía no las neutralizamos. Nuestras playas son asoladas por pescadores ilegales con explosivos y artes prohibidas. Pero nuestro Estado se vuelve radical con pescadores artesanales que tienen una captura incidental de 43 Kilogramos de perico que valen menos de 200 soles, y a ellos, tal vez porque los consideran débiles, los castigan descriteriada y excesivamente. ¿Alguien está sembrando vientos para cosechar tempestades?

Marcelino Gonzales Silupú, Presidente de los pescadores de El Ñuro y legendario dirigente artesanal, nos dice que está sorprendido por tal exceso, y señala con infinito optimismo “Pero no nos vamos a rendir, seguiremos luchando, apelando y reclamando. La justicia está con nosotros”.