Rafael Hidalgo

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DESDE EL FARO

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Agua y muerte

En plena campaña electoral del 2016, la plancha presidencial PPK-Martín Vizcarra ofreció agua y desagüe para 10 millones de peruanos. Prometieron que “el agua va a ser el legado de este gobierno”, estimando una inversión de US$ 15,000 millones al 2021 para llevar el agua al 100% de las zonas urbanas y el 84% de las zonas rurales.

Pero, en el período agosto 2016-diciembre 2018, la ejecución presupuestal promedio del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PSU) es de solo 64.4% (US$ 1,961 millones) y la del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PSR) de 69.5% (US$ 2,369 millones).

Hasta la semana pasada el PSU tenía un avance de solo 17.2% (US$ 163 millones) del presupuesto en lo que va del año, y el PSR una de solo 22.9% (US$ 252 millones). Es probable que el presidente Vizcarra y su primer ministro Salvador del Solar no lleguen a ejecutar el 50% del presupuesto que se asignó al saneamiento para este año.

Al timón continúan las quejas contra Sedapal, que brinda el servicio de agua y desagüe en Lima y Callao. Cientos de vecinos de Huachipa realizaron una marcha exigiendo que Sedapal cumpla con sus obras, porque el proyecto de US$ 170 millones que les abastecería de agua y desagüe, que iba a culminarse en agosto, se ha retrasado hasta el próximo año (21/05/19).

La cosa no queda ahí. En el Rímac, los residentes de 78 manzanas del asentamiento humano San Juan de Amancaes denunciaron que desde hace 40 días no cuentan con agua potable porque se ha desplomado un tanque de agua que Sedapal no ha reconstruido (11/06/19). Sedapal: no se oye, padre.

El último recurso de Vizcarra para salir del marasmo fue poner a uno del equipo de los moqueguanos al frente del Programa Agua Segura, entidad encargada de las redes sanitarias en Lima y Callao. El cargo recayó en su amigo César Ramos, junto al cual es acusado de peculado por efectuar pagos de trabajos no realizados en la supervisión de la represa Chirimayuni cuando fue gobernador regional de Moquegua (2012).

El remedio resultó peor que la enfermedad. Con esa costumbre de otorgar licitaciones a empresas dudosas, Ramos adjudicó obras por S/ 874 millones a empresas investigadas por irregularidades: Superconcreto (investigada por ser miembro del Club de la Construcción), IVC Contratistas (reubicó el colector que colapsó en San Juan de Lurigancho) y Sinohydro (empresa china sancionada por el Banco Mundial por corrupción).





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