Rafael Hidalgo

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Gasoducto Costero: mocos por babas

El actual ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, ha señalado (Foro Perú Energía 11/06/18) que va a reemplazar el trazo del proyecto de Gasoducto Sur Peruano (GSP) por un Gasoducto Costero (GACO), que empezaría en Marcona -donde culmina la red troncal de la empresa Contugas, concesionaria colombiana del gas natural en Ica- y terminaría en el Nodo Energético de Mollendo e Ilo (Moquegua), recorriendo 640 kilómetros (km) en la Costa sur del Perú.

Un primer detalle a modificar es la dimensión del ducto, que pasaría de 24 pulgadas de diámetro (GSP) a las 20 que se requiere para empalmar con el ducto de Contugas, lo que reduciría sensiblemente los costos de construcción a unos US$ 1,500 millones -33 % del valor del GSP- según cifras de la consultora Utilities.

Otro problema a resolver es el financiamiento. El actual gasoducto Camisea-Humay fue financiado con un cargo a las facturas de consumo eléctrico llamado Garantía de Red Principal (GRP), y para el GSP se creó un esquema similar llamado Cargo de Afianzamiento de Seguridad Energética (CASE), que fue eliminado por el Congreso (31/10/17). Sin GRP y sin CASE, ¿cómo financiarán los US$ 1,500 millones?

Sin embargo, aquí no termina sino que recién empieza la novela.

Se requieren US$ 726 millones para construir el tramo de 210 km Camisea-Chiquintirca (32 pulgadas de diámetro), llamado ducto de redundancia -que en plena selva agreste corre paralelo al actual gasoducto- que sirve de plan B si se produce alguna rotura en el ducto principal.

Este tramo formaba parte del contrato de la concesionaria Transportadora de Gas del Pacífico (TGP), pero, sin que medie mayores explicaciones, se le condonó esta obligación (RM 053-2013-EM 30/08/13).

También se tendría que reservar otros US$ 550 millones para unir el actual gasoducto Camisea-Humay con el Cusco -con ramales a Quillabamba y Anta-, que fue una promesa del expresidente Ollanta Humala. Si no se concretan estos ductos, es muy probable que el Cusco empiece a bramar.

Por último y no menos importante, son los US$ 2,700 millones que han empezado a reclamar los antiguos concesionarios del GSP (Odebrecht, Enagás y Graña y Montero) por el valor de los tubos que dejaron en el Cusco después de que el Estado resolvió el contrato de concesión (23/01/17). La primera demanda ha sido de Enagás ante el Tribunal del CIADI en Washington por US$ 511 millones.

Dicho de otra manera, el Gasoducto Costero, a primera vista, para el ministro Ísmodes, puede parecer más austero. Sin embargo, todo indica que nos va a colocar en el disparadero.

 





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