Rafael Hidalgo

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SBS y SMV deben exigir investigación del caso GyM

Las AFPs invierten en Graña y Montero desde que esta empresa salió a bolsa (1997). Pero alcanzaron su mayor participación en 2009, cuando poseían el 40.85% de la constructora en pleno apogeo de Conirsa, que era su matrimonio empresarial con Odebrecht. Cuando la acción se colocó a S/ 13, el valor bursátil creció a S/ 7,258 millones y la acción se empezó cotizar en Wall Street (2013). Gran rentabilidad para los futuros pensionistas, que ahora observan angustiados la cotización de esta acción en S/ 2.15.

La situación se tornó color hormiga cuando estalló el caso Lava Jato y Odebrecht señaló que GyM era copartícipe en las coimas. Al toque de zafarrancho, las AFPs quisieron reducir su participación, pero entre entradas y salidas en la actualidad cuentan con una quinta parte del accionariado (19.83%). Con candor, la propia SBS reconoció “que se encontraban atrapadas por no haber promovido la diversificación de la cartera de inversiones”, mientras que Aldo Ferrini de AFP Integra, señaló que la caída no era relevante.

Efectivamente, en el 2018 los afiliados tuvieron que contemplar cómo se evaporaban S/ 16,000 millones del fondo, que cerró ese año fatídico con S/ 153,414 millones.
Para evitar contratiempos como estos, las AFPs nombran a sus representantes en los directorios de las empresas donde invierten.

En el caso de GyM nombró a: Augusto Baertl, expresidente de Antamina (2005-2008), que ha regresado como “el Salvador”; José Chlimper, presidente de Agrokasa; Hugo Santa María, gerente de Apoyo; Federico Cúneo, expresidente de Sporting Cristal, entre otros. Otro candado que tenía GyM para cumplir con el “Buen Gobierno Corporativo” era el poderoso Comité de Auditoría en el seno del directorio, integrado por el presidente José Graña y su asesor Roberto Abusada, Chlimper, Santa María y Cúneo.

La SMV y la SBS debería pedir cuentas de por qué GyM contrató a sus propios abogados, el bufete norteamericano Simpson Thacher & Bartlett, para que realice una investigación interna de la empresa, en claro conflicto de interés. La investigación, que contó con el “soporte técnico forense” de Ernest & Young, analizó 250 mil documentos entre correos electrónicos, WhatsApp, estados financieros, copias de seguridad, etc. y concluyó que “no identificó evidencia” de que el personal de la compañía participó en sobornos en los proyectos Tren Eléctrico, Interocéanicas Norte y Sur, Chavimochic y Gasoducto Sur.

No contentas con seguir comprando acciones, las AFPs también mantienen bonos en la empresa: S/ 203.3 millones de GyM Ferrovías (concesionario del Tren Eléctrico) y S/ 120.6 millones de GyM Norvial (autopista Ancón-Pativilca). ¡Eureka!





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