Rafael Romero

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¿Desalojo del CEP Peruano Chino Diez de Octubre?

El pasado 28 de noviembre, mediante un ampuloso comunicado difundido en un diario local, la opinión pública se enteraba de un litigio judicial de proporciones mediáticas dada la importancia de las partes involucradas. Por un lado, la centenaria Sociedad Central de la Beneficencia China Ton Huy Chong Koc (SCBCH) y, en la otra vereda, la Asociación CEP Peruano Chino Diez de Octubre.

La primera entidad referida es una sociedad fundada en 1886 y se dedica a promover la amistad peruano-china, así como apoyar solidariamente a los chinos en el Perú mediante diversos programas altruistas y de cooperación. La segunda institución mencionada administra y promueve el emblemático Colegio Peruano Chino Diez de Octubre. Pero la disputa judicial se sintetiza en el reclamo que la SCBCH le hace a esta asociación a fin de que le devuelva su terreno ubicado en la Av. Mariano H. Cornejo N° 1090 (Breña).

La relación existente entre ambas partes fue en el plano de un contrato de arrendamiento siendo la Asociación CEP Peruano Chino Diez de Octubre la inquilina de la SCBCH, pero esta sociedad hace años expresó su voluntad de no renovar más dicho acuerdo, por lo que reclama se le devuelva su propiedad. Desde entonces se dio la batalla legal, pero la SCBCH sostiene que ya ganó su demanda de desalojo en primera y segunda instancia, como también ya ganó en una casación presentada por la Asociación CEP Peruano Chino Diez de Octubre.

Aquí viene el detalle del litigio, pues según la SCBCH, para detener su triunfo ante el Poder Judicial, su contrincante recurrió a los “famosos” amparos, dizque buscando ”sacarle la vuelta” a la propia Corte Suprema de Justicia en el Exp. N° 15937-2017, pues argumenta que dicho amparo se tramitó paralelamente al recurso de casación que interpusiera el Colegio Peruano Chino Diez de Octubre contra la sentencia de desalojo dictada por el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima (Exp. N° 15086-2015), cuando esta sentencia no tenía la condición de firme, requisito indispensable exigido por el Art. 4° del Código Procesal Constitucional.

El otro hecho curioso que denuncia la SCBCH es que quien admite el amparo es el juez Jonathan Valencia López, del Segundo Juzgado Constitucional, a quien se le denomina el juez más quejado del mundo, porque en dos años de magistrado acumuló en promedio 400 quejas, todas archivadas, según el propio Poder Judicial. Es anómalo que esto pase en la judicatura, pues sería como dejar a un chofer de combi con 400 papeletas a cuestas que siga al volante por calles y avenidas poniendo en riesgo la vida de inocentes. ¿Qué pasa, señoras y señores de la Ocma y de la Odecma-Lima?






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